No es justo que una compañía vinculada al reciclaje y clasificación de textiles usados, establecida desde 2008 en Oviedo, Pedernales, y reconocida oficialmente como empresa activa acogida a la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, sea llevada prácticamente a la paralización porque la Dirección General de Aduanas (DGA) retiene sus contenedores y le impide los despachos.
La BG Investment Group, que genera 85 empleos directos y más de 250 indirectos, afirma haber pagado más de 48 millones de pesos en impuestos, pero rechaza que mercancías históricamente valoradas entre 18 y 28 centavos de dólar por kilogramo, ahora pretendan cobrarlas hasta 2 dólares sin una explicación clara. La discusión ya ha escalado al Tribunal Constitucional. La DGA tiene facultad para fiscalizar y combatir la subvaluación. Nadie discute eso. Pero su propia normativa exige un procedimiento de duda razonable, información objetiva, cuantificable y proscribe valores arbitrarios o ficticios. Pero, además, la Ley 107-13, sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, obliga a respetar igualdad, seguridad jurídica, proporcionalidad, coherencia y motivación El presidente Luis Abinader ha sido un abanderado del desarrollo fronterizo cuya política está amparada por la Constitución que la declara, en su artículo 10, de supremo y permanente interés nacional. Pero, con su actitud, el director de la DGA, Nelson Arroyo, le crea un ruido innecesario al Gobierno.
Arroyo debe explicar por qué BG recibe un tratamiento que no se les aplica a otras empresas de operaciones comparables. Lo que la BG está pidiendo son reglas claras e igualdad de trato para así evitar que una controversia tributaria termine destruyendo fuentes de empleos en Oviedo.