La aprobación en el Senado de cambios al Código Penal para posponer por dos años la entrada en vigor de artículos orientados a castigar empresas, envía una señal de sensatez.
Conociendo cómo actúan los políticos -y los legisladores lo son- no dudamos de que detrás de esta iniciativa haya astucia.
Sea cual sea la razón principal, lo cierto es que despeja un ambiente generalizado de amenazas, sobre todo, para pequeñas y medianas empresas.
La daga al cuello
Nunca nos opondríamos a que las empresas sean penalmente responsables de actos punibles, pero conociendo el sistema judicial dominicano, la prisa sería peligrosa.
La justicia es lenta para decidir los casos, los tecnicismos legales contribuyen a su lentitud, por lo que dar apresuradamente nuevos motivos de litigios, frena su marcha.
Solo hay que ver todo el daño que se ha hecho a empresas por abogados representando reclamos de terceros por derechos laborales.
Y hacer constar que en el país más del 60 por ciento de los presos son preventivos, vulnerando sus derechos.
El chantaje es veloz
Mientras la justicia va a paso de tortuga, el chantaje de autoridades, inspectores, abogados y otros actores va a velocidad hipersónica.
Con solo amenazar a los propietarios de una empresa con encarcelarlos por un acto punible atribuido a su falta de gestión, el chantaje se convierte en un cheque en blanco para la corrupción.
Ordenar el sistema de justicia penal es una necesidad que debe marchar, paso a paso, para no hundir la inversión ni minar la confianza en la propia justicia, bastante drenada ya por otros muchos motivos.