Tendremos que aprender a convivir con los efectos del cambio climático; asumir que nuestra condición de insularidad caribeña no nos salvará de ser paso obligado de huracanes y otros fenómenos atmosféricos; y que, tal como venimos notando, será más frecuente la ocurrencia de disturbios climáticos aleatorios que irán incrementado su virulencia y poder destructivo.
Más allá de las medidas del gobierno, a nivel estructural hay que reconocer en las mejoras de las capacidades de respuesta del Estado dominicano un proceso de fortalecimiento que se ha venido gestando desde hace varios años, con el apoyo decidido y entusiasta de los presidentes Abinader, Medina, Fernández y Mejía.
En efecto, la arquitectura del marco institucional vigente se ha estructurado desde hace dos décadas, a partir de la promulgación e implementación de la ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, y, desde entonces, cada gobierno ha hecho un aporte significativo al proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema, mejoras de competencias de recursos humanos, así como de más y mejores equipos.
Lo dicho: que Abinader está optimizando el uso de una herramienta poderosa construida de manera previa, y es su deber no sólo fortalecerla aún más, sino ajustarla a los desafíos de 2024, que, evidentemente superan los de hace dos décadas.
Tan importante como la capacidad de respuesta sistémica es elevar la conciencia de la ciudadanía con más y mejor educación, a todos los niveles.
Para otros pueblos que han convivido desde hace siglos con la concurrencia de desastres climáticos –Japón, por ejemplo–, parte de su idiosincrasia responde a esa amenaza inminente, no sólo en su organización y manejo, sino también en las respuestas estructurales e institucionales, al punto que, en sus inicios la arquitectura proveía respuestas a los desastres recurrentes, expresada en materiales ligeros, reponibles, de bajo impacto, etc.
Como sociedad no podremos cambiar radicalmente –no en poco tiempo–, pero al menos podemos tomar conciencia de dónde construir y dónde no; de que no debemos tirar la basura a las calles, cañadas o arroyos; ni obstruir el curso natural de los flujos de aguas o desagües, etc.; y eso sólo se logra con educación permanente y constante.
El gobierno tiene el reto de presupuestar recursos por encima de los requerimientos históricos para esas partidas; pero, si el ecosistema cambia, nosotros debemos hacerlo también. De igual forma, se deben tomar medidas que eviten que en torno a los recursos destinados a mitigar los efectos del cambio climático no se instituyan mafias y prácticas como lo ocurrido en torno al 4% para la educación, donde lejos de verlo como la oportunidad para acelerar el proceso de desarrollo y garantizar la sostenibilidad económica y social del modelo, los políticos lo que vieron fue un negocio.
Si el discurso dominante del siglo XXI será el del cambio climático, urge establecer un mecanismo de gestión y gobernanza transparente y eficiente. Tome nota de eso, señor presidente.