Hace poco más de 20 años, la lucha que libraban los pacientes que padecían de Insuficiencia Renal Crónica en el país era por acceso a los kit de diálisis, al agua ultra purificada en el servicio, y lograr un turno en la máquina de diálisis, en una de las escasas dos Unidades de Hemodiálisis existentes, ubicadas solamente en la capital.
Hoy eso ha cambiado. El país cuenta con unidades de hemodiálisis públicas y privadas ubicadas casi a nivel nacional y la cobertura de parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y del Programa de Medicamentos de Alto Costo es de prácticamente el 100%.
Esa cobertura no solo es del servicio de hemodiálisis, sino del procedimiento de trasplante y las medicinas (unas 12 pastillas diarias) de por vida que debe tomar un paciente trasplantado, que rondan los 80 y 100 mil pesos mensuales, así como del procedimiento del donante, en caso de tratarse de un trasplante de donante vivo.
Hasta ahí, todo parece ir bien, pero en el país hay un serio obstáculo que está condenando a los pacientes de diálisis a permanecer por años conectados a un riñón artificial y estar en una larga lista de espera para trasplante, que parece no tener fin.
Esa traba se da mayormente porque entre la población dominicana no hay una cultura de donación de órganos, y por ende hay una aguda escasez de riñones obtenidos mediante donación cadavérica, a pesar de República Dominicana tener una de las tasas más altas de mortalidad por accidentes de tránsito, con alrededor de 3,000 víctimas al año.
En la actualidad se calcula que el país tiene más de 5,000 pacientes recibiendo tratamiento de diálisis, el cual deben recibir tres veces por semana durante cuatro horas cada vez, y solo unas 3,000 personas que viven con trasplante de riñón.
Aunque solamente hay registro de 450 pacientes en lista de espera para trasplante de riñón, expertos entienden que más de 3,000 de los que reciben diálisis podrían calificar para ser trasplantados.
La falta de un programa robusto de donantes cadavéricos cierra la posibilidad de muchos de estos pacientes de recibir un órgano que le permita retomar la normalidad de su vida, ya que la mayoría de los trasplantes en el país surgen de donantes vivos, sobre todo de familiares muy cercanos al paciente, en una razón de 90-10 (90% son de donantes vivos y el 10% de donantes cadavéricos) cuando debería ser a lo inverso.
Esa larga espera por un riñón es calificada por Ramón Fondeur, paciente trasplantado y presidente de la Asociación Nacional de Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis (ANTRAH) como “catastrófica y terrible” para pacientes y familiares. ”En la asociación tenemos afiliados con ocho y 10 años en máquina y no pueden acceder al trasplante”, lamenta.
Como conoce de cerca ese sufrimiento, Fondeur propone modificar la ley 329-98, que regula la donación y trasplante de órganos, que calificó de obsoleta, para que se permita que cuando ocurra una muerte violenta, se puedan utilizar los órganos de esa víctima, sin necesidad de una aprobación expresa de los parientes, con lo que se podría salvar la vida de por lo menos seis pacientes.
Aconseja también que haya una política de concientización y educación de la población sobre donación de órganos, en la que participen todos los sectores. También que se habiliten más servicios de trasplantes, ya que en la actualidad la mayor respuesta la ofrece solamente el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS).
Ojalá y esa limitante pueda subsanarse y que cada paciente en diálisis viva con la esperanza de que pronto recibirá su anhelado trasplante.