Caracterizado por ser un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, República Dominicana en la última década ha registrado alrededor de 1,110 víctimas rescatadas de esta forma de crimen organizado.
María Victoria, nombre ficticio al que se ha recurrido para proteger la identidad de la víctima, es una de ellas.
Hace una década de aquel momento que ha marcado y cambiado su vida. Ha vivido varios procesos terapéuticos que le permiten revivir el tema con tranquilidad; no obstante, sigue doliendo y el nudo en la garganta al hablar lo confirma.
La trata de personas, considerada una de las formas más extremas de violación de los derechos humanos, implica la captación, el traslado y el encierro de personas con fines de explotación sexual, laboral, para servidumbre, entre otros.
María Victoria tenía apenas 16 años cuando el conocido de un amigo la llevó a una casa y le brindó un jugo con una sustancia que le hizo perder el pleno control de sus facultades.
En esa edificación, esta adolescente, descrita como risueña y optimista, pasaba las mañanas “drogada” y a la merced de varios hombres, por lo que fueron cuatro o cinco noches. Ya no puede decir con certeza lo que se sintió una eternidad.
“Iba a diferentes lugares a venderme, a diferentes sitios, hasta que un día él me llevó a otro sitio como un monte y él me dijo que me iba a matar”, cuenta María Victoria mientras recuerda que fue abandonada con otra persona en una construcción cercana a la Circunvalación Norte cuando esta autopista aún estaba en obras.
Ante la ausencia de su captor, aprovechó la oportunidad para escaparse. Si no lo lograba, su destino estaba entre la muerte o ser vendida a una persona en Puerto Plata, al menos eso escuchó decir a quien la había raptado, antes de este retirarse a ultimar los detalles para llevarla hasta la ciudad conocida como “la novia del Atlántico”.
Regresó a su casa, pero los detalles de cómo lo logró son borrosos en su memoria, producto de la experiencia tan traumática que vivió. Su familia estaba buscándola desesperada. Ella contó a sus padres lo sucedido y, tras una querella, empezó el proceso judicial.
Cifras que provocan desconfianza
La Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha realizado 286 investigaciones en torno a este delito en la última década.
Sin contar los datos de 2023, que no están disponibles, solo 104 han concluido en sentencias condenatorias, según informaciones suministradas por el Poder Judicial, quien tiene registrados 446 datos de violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas entre enero de 2015 y junio de 2025.
El proceso fue bastante largo, en palabras de esta joven, que tuvo que comparecer dos años más tarde, ya como adulta, ante sus explotadores durante el juicio de fondo. Esto representa un desgaste económico en la familia afectada, pero también mental y emocional.
Las lagunas en los detalles de su narración pueden ser producto de que “una víctima cuando pasa por este tipo de trauma hay un rompimiento a nivel cognitivo donde el cerebro para protegerte bloquea detalles”, cuenta Luz Antonio, psicóloga clínica con experiencia en consultorías y acompañamiento a víctimas de trata.
María Victoria fue acompañada legalmente por la organización Misión Justicia Internacional, conocida por sus siglas en inglés como IJM; pero también tuvo seguimiento psicoemocional y es al recordarlo cuando empieza poco a poco a desatarse el nudo que atoraba la garganta.
La entidad ya no está en el país, pero mirando a su psicóloga, presente durante la entrevista, le tiembla la voz.
“Ya no creo en la gente, no creo tampoco en la justicia”, expresa como principales consecuencias que le dejó este trauma. Uno que también superó con el apoyo ofrecido en un hogar de acogida privado para mujeres en el que había tanto adultas como menores de edad.
Para ese entonces el Estado aún no contaba con un espacio destinado para ello. El Ministerio de la Mujer inauguró una casa de acogida para mujeres víctimas de trata y tráfico en 2021, por ella han pasado aproximadamente 218 mujeres y niños.
Según los informes anuales de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim) entre 2015 y 2024, en el país se han identificado diversas modalidades, siendo las mujeres y los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) los grupos más vulnerables a la trata sexual.
Esta tendencia se ha sostenido a través del tiempo, pero desde 2017, la identificación de casos de mujeres extranjeras víctimas en territorio nacional, específicamente de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento debido a su alto flujo migratorio por la situación social, política y económica de ese país.
Asimismo, a través de la historia, los imputados judicializados no solo han sido dominicanos, sino también alemanes, venezolanos, estadounidenses, canadienses, entre otros.
En 2015 apenas se identificaban nuevos lugares de explotación sexual a nivel nacional, como Juan Dolio y Boca Chica, de la Provincia San Pedro de Macorís, lugares en los que no se había judicializado ningún caso previamente. Mientras que, de destino en el exterior, según los casos registrados de dominicanas víctimas de trata para el año 2015, fueron Uruguay y Argentina, en América del Sur; y en Haití, en la región del Caribe.
Hasta la fecha, las operaciones de rescate se han concentrado en centros nocturnos y bares en la capital y ciudades del interior del país, incluyendo Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Sosúa, La Romana, Monte Cristi y Santiago, entre otras provincias.
Del último territorio mencionado es oriunda María Victoria y no ha podido regresar. Quien fuera acusado como su perpetrador quedó libre y reside cerca de su hogar.
Asimismo, ella intentó volver y con su regreso también reiniciaron las amenazas de su perpetrador junto a otras personas que, según la entrevistada, administran un punto de drogas.
Están además los prejuicios y el estigma entre quienes la conocen.
“No hay sanación sin justicia”
La desconfianza en la gente y días cargados de tristeza persisten pese al acompañamiento psicológico que ha recibido María Victoria. Ya hacen varios años desde el cierre del caso, pero la psicóloga Luz Antonio comenta que cuando un sobreviviente no ve que hay justicia, siente que su caso no es valorado o no se le está dando el peso que requiere, la sanación es más lenta.
Además, en caso de menores de edad, una vivencia de este tipo rompe su proyecto de vida, la vida no la asume de la misma forma, tampoco aprende igual y no confía igual.
«Cuando un sobreviviente no ve que hay justicia, siente que su caso no es valorado o no se le está dando el peso que requiere, la sanación es más lenta».
Una sociedad cómplice
María Victoria denuncia que todavía sus tratantes llevan a niñas a su casa para prostituirlas, que los vecinos lo saben, pero lo tienen normalizado, “se hacen los ciegos”.
Este es uno de los grandes retos que enfrenta la persecución de este delito, entre otros desafíos contextuales como, por ejemplo, el desconocimiento general de las vías de denuncia, según la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT.
“Existe una baja comprensión social de la trata de personas como un delito grave, y que, por el contrario, es normalizada y aceptada culturalmente. Ejemplo de esto es la mendicidad y el matrimonio forzado; más aún, muchas veces las víctimas son consideradas responsables de los acontecimientos que la han agraviado, como sucede con la explotación sexual”, agrega Bejarán.
Otro aspecto que la magistrada enumera como desafío es la especialización y formación de más actores del sistema en este delito; así como también el fortalecimiento institucional; sin dejar de mencionar las modificaciones a la Ley 137-03, sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, “que, si bien han visto un avance con las modificaciones de las 63-24 y 46-25, aún existen elementos que deben de reformarse en la norma”.
Bejarán destaca además que, aunque hay colaboración con otros países y organismos internacionales, “necesitamos una coordinación efectiva con algunas naciones”.
“Este delito suele involucrar el traslado de víctimas a través de fronteras y la operación de redes criminales transnacionales. En República Dominicana, esta colaboración permite intercambiar información de inteligencia, coordinar operativos conjuntos, agilizar órdenes de captura y extradiciones, y proteger a las víctimas que son trasladadas entre países”, dice Bejarán.
Organismos como la Interpol, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), y acuerdos bilaterales con Haití, Estados Unidos, España y otros países, han sido fundamentales para desmantelar redes y rescatar víctimas. De acuerdo a la representante del Ministerio Público, sin esta cooperación, las investigaciones se ven limitadas, ya que las pruebas, testigos y responsables muchas veces están en distintas jurisdicciones, lo que hace imposible un abordaje efectivo solo a nivel nacional.
Por otro lado, si bien el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) tiene albergues, otra de las problemáticas que tiene el país, según Luz Antonio, es la ausencia de casas de acogida especializadas en menores varones.
“Hemos avanzado como país desde 2017, cuando inicié, hay mucha más sensibilización desde la Justicia, hay más sensibilización desde otras instituciones, pero nos faltan servicios, nos falta todavía poder entender más a este perfil”, comenta Luz Antonio.