El Ministerio Público presentó este viernes ante la jueza que conoce el juicio preliminar en el caso de presuntas irregularidades en la red semafórica del Gran Santo Domingo, una serie de transcripciones de conversaciones de WhatsApp que, según el órgano persecutor, evidencian un control externo absoluto sobre los procesos de licitación en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El fiscal Jhonatan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dio lectura a diálogos sostenidos entre el exdirector de la entidad, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, principales implicados en el caso Camaleón, donde se coordinaban pasos críticos de la licitación mucho antes de que se cumplieran los plazos legales.
El fiscal planteó a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que las conversaciones datan de marzo y abril de 2023, periodo en el que el proceso de licitación aún se encontraba formalmente abierto.
El Ministerio Público destacó en la audiencia que los imputados discutían fechas de adjudicación y detalles de la «prueba de concepto» semanas antes de que esta se realizara.
“En marzo ya están hablando de una adjudicación de un proceso que todavía está abierto. Es decir, el cronograma legal era una simple formalidad para un resultado que ya ellos habían pactado», afirmó Pérez Fulcar ante la magistrada.
El fiscal detalló cómo Jochi Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, enviaba documentos en PDF con «ideas» sobre cómo debía ejecutarse la prueba de concepto de su propia empresa.
Además, sostuvo que los chats revelaron una estrategia para incluir a figuras públicas como «veedores» para dar legitimidad al proceso.
Según la lectura del fiscal, Gómez sugirió a Beras invitarlo por su perfil «tecnológico y futurista», a lo que Beras respondió que la invitación no podía venir directamente de él para no levantar sospechas.
Otra de las revelaciones del fiscal Pérez Fulcar fue la confirmación de que el pliego de condiciones y el contrato no fueron redactados por el departamento jurídico del Intrant.
«La investigación y los peritos confirman lo que dicen los chats: a jurídica le entregaron el trabajo ya hecho. Hugo Beras no manejaba la institución; la agenda la marcaba el licitador», acotó el fiscal.
El Ministerio Público utiliza estas pruebas para sustentar la acusación de coalición de funcionarios, fraude al Estado y falsificación de documentos.