El informe final del Foro Nacional sobre Crimen, Seguridad y Violencia planteó siete propuestas para enfrentar la criminalidad en República Dominicana, centradas en reformas institucionales, políticas sociales y prevención, como respuesta a lo que define como una crisis estructural de seguridad, confianza y cohesión social.
El documento, presentado por el Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recoge los aportes de 18 expertos y autoridades que participaron en cuatro paneles de discusión sobre violencia, modelo económico, desigualdad y crisis social.
Como primer punto, el informe plantea fortalecer el sistema de justicia para reducir la impunidad. Propone mejorar la capacidad de investigación del Ministerio Público, garantizar sanciones efectivas, limitar el uso de la prisión preventiva y reforzar la transparencia para combatir la corrupción.
En segundo lugar, establece que la política social debe ser parte central de la seguridad.
En ese sentido, recomienda promover empleos dignos, mejorar los salarios, reducir la deserción escolar y ampliar el acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables, como forma de prevenir la violencia.
El tercer eje se enfoca en la prevención desde la niñez y la familia. El informe propone introducir programas de educación emocional en las escuelas, fortalecer la protección a niños y adolescentes, acompañar a familias en situación de vulnerabilidad y reforzar las políticas contra la violencia de género.
Como cuarto punto, plantea construir una cultura de legalidad.
Sugiere campañas para reducir la normalización de la violencia, impulsar la mediación comunitaria, promover la convivencia ciudadana y fomentar una participación más activa de la sociedad en la prevención del delito.
El quinto eje propone transformar el modelo de seguridad pública. El informe recomienda orientar la labor policial hacia la prevención y la resolución de conflictos, mejorar la formación de los agentes, incorporar tecnología para supervisión y control, y desarrollar estrategias frente a delitos emergentes como el cibercrimen.
En sexto lugar, el documento plantea fortalecer la producción de datos y conocimiento. Propone crear observatorios de criminalidad, mejorar la calidad de la información disponible y vincular la toma de decisiones a estudios e investigaciones académicas.
El séptimo eje establece que la seguridad debe integrarse a una estrategia de desarrollo. El informe recomienda articular políticas económicas, sociales y de seguridad, bajo una visión común que aborde las causas estructurales de la violencia.
El documento concluye que la criminalidad en el país está vinculada a desigualdades sociales, exclusión y falta de oportunidades, especialmente entre los jóvenes.
Advierte que esta situación genera un desajuste entre aspiraciones y condiciones de vida que puede facilitar la entrada a economías ilícitas.
“La violencia se gesta en los territorios donde faltan oportunidades, en las escuelas que no logran retener a sus estudiantes, en los hogares atravesados por la precariedad, en las relaciones sociales donde la agresión se normaliza. Se reproduce también en una cultura que exalta el éxito inmediato, la competencia sin límites y el reconocimiento a cualquier costo”, dice el manifiesto.
También señala una crisis de confianza en las instituciones, reflejada en la baja denuncia de delitos y en la percepción de impunidad. Según el informe, esta desconfianza debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
“Esta fractura constituye uno de los principales desafíos para la construcción de una política de seguridad legítima”, indica.
El Foro advierte además que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser efectivo para reducir la criminalidad. En cambio, insiste en que lo determinante es la certeza de la sanción y el funcionamiento del sistema de justicia.
Otro de los puntos destacados es que la violencia no solo se expresa en hechos delictivos, sino también en la vida cotidiana, en relaciones familiares, de género y en entornos sociales donde se normaliza la agresión.
Las discusiones del Foro se desarrollaron en el Aula Magna de la UASD, con la participación de especialistas en criminología, derecho penal, psicología e investigación, así como representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Como parte de su declaración final, los organizadores llamaron a construir un pacto nacional por la seguridad que involucre al Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
El Foro también hicieron un llamado urgente a la nación: a construir una política integral de seguridad, que no se limite al control del delito, sino que aborde sus causas estructurales. A colocar la política social en el centro de la estrategia de seguridad, garantizando empleo digno, educación de calidad y oportunidades reales para la juventud.
A impulsar una reforma profunda del sistema de justicia, que combata la impunidad, fortalezca la investigación criminal y recupere la confianza ciudadana. A transformar el modelo policial hacia uno basado en la prevención, la profesionalización y el respeto a los derechos humanos.
A promover una cultura de convivencia y legalidad, donde la violencia deje de ser una forma legítima de relación social. A fortalecer el vínculo entre academia, Estado y sociedad, para que las políticas públicas se fundamenten en evidencia y no en coyunturas.
El informe concluye que la seguridad ciudadana requiere un enfoque integral que combine justicia efectiva, políticas sociales y fortalecimiento institucional, como base para reducir la violencia y reconstruir la confianza en el país.