Los acontecimientos recientes, tanto en el ámbito interno como en el internacional, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades derivadas de las condiciones singulares que caracterizan al país en materia energética. Estas condiciones imponen la necesidad de un análisis objetivo y la implementación de políticas públicas con visión de largo plazo.
En primer lugar, la República Dominicana no dispone de minas de carbón, yacimientos petrolíferos, ni reservas de gas natural. A pesar de ello, aproximadamente el 85% de la electricidad que se consume en el país es generada a partir de combustibles fósiles importados. Esta dependencia somete a nuestro mercado eléctrico a la volatilidad de los precios internacionales y a riesgos de suministro. Las perturbaciones en el 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones contemporáneas en el Golfo Pérsico son ejemplos de la fragilidad propia de la citada dependencia.
En segundo término, la limitada disponibilidad hídrica del país restringe la contribución de la generación hidroeléctrica. El año pasado, la hidroelectricidad representó apenas el 6.8% del consumo eléctrico total, una proporción sensiblemente inferior a la observada en los países de Centroamérica, donde la matriz eléctrica presenta mayor dependencia del recurso agua: Costa Rica satisface entre el 65% y 70% de su demanda con agua; Panamá entre el 55% y 60%; Guatemala un 45%; Honduras 42.7%; El Salvador 28%; y Nicaragua entre 12% y 15%.
Por otro lado, el sistema eléctrico dominicano funciona como una verdadera “isla eléctrica”. A diferencia de Centroamérica, no tenemos interconexión con otros sistemas eléctricos vecinos que permitan el intercambio de excedentes o la compensación (regulación) de eventos puntuales como transitorios de frecuencia o fluctuaciones de tensión.
En Centroamérica funciona el Mercado Eléctrico Regional (MER) que interconecta seis países y es regulado por un órgano supranacional que coordina transacciones de energía alimentadas mediante una red de transmisión de más de 1,800 kilómetros.
En síntesis, la República Dominicana enfrenta una posición de clara vulnerabilidad energética, máxime en tiempos en los cuales los energéticos primarios, los combustibles fósiles, han devenido en factores principales de impactantes conflictos geopolíticos que disparan sus precios y obstruyen su accesibilidad.
Por ello, la promoción de proyectos de generación basados en fuentes renovables —sol, viento y biomasa— constituye una estrategia correcta. El gobierno, consciente de lo indicado, ha iniciado el proceso de licitación de sistemas de baterías para almacenamiento de energía y también para regular la estabilidad de la red frente a las inevitables intermitencias de la irradiación solar y de la fuerza del viento. Los sistemas de baterías (tipo BESS) reducirían los riesgos actuales y darían mayor libertad para la incorporación de más proyectos de fuentes renovables al sistema y, de paso, reducir aún más la importación de petróleo, gas y carbón.
Las renovables no sustituirán en cantidad efectiva, resiliencia y flexibilidad a la electricidad de origen térmico, pero agregan profundidad y fiabilidad de suministro al país.