El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que el mayor “terrorista ambiental” de la República Dominicana es el propio Gobierno, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al cuestionar las políticas aplicadas por las actuales autoridades y considerar innecesario el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para enfrentar determinados delitos contra el medio ambiente.
El secretario de Medio Ambiente del partido, Paíno Abreu Collado, cuestionó “¿qué busca el presidente Abinader prohibiendo por decreto lo que ya está prohibido en la ley?”.
Abreu señaló que el artículo 265 de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, establece penas de entre 20 y 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para quienes provoquen voluntariamente incendios que afecten bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y otras áreas protegidas.
El dirigente político sostuvo que el problema no radica en la falta de legislación, sino en la capacidad de las autoridades para hacerla cumplir e indicó que entre 2020 y 2025 fueron reportados 2,558 incendios, «gran parte de ellos provocados», y que durante ese período se registraron 11,970 delitos correspondientes únicamente a tala de árboles y vertederos improvisados.
Precisó que esa última cifra no incluye infracciones relacionadas con extracción de agregados, pesca ilegal, tráfico de especies, incendios, ocupación de áreas protegidas, construcciones irregulares y contaminación sónica. Frente a ese volumen de casos, aseguró que apenas se registraron 219 condenas, menos de un 2 %.
“El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas’”, manifestó Abreu, quien citó como ejemplo las disposiciones adoptadas respecto a las Cuevas del Pomier, área que, recordó, ya está protegida por la Ley 202-04.
El titular de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo consideró que, en lugar de nuevas disposiciones, el Gobierno debe invertir mayores recursos en la protección del patrimonio natural, mejorar las condiciones de guardaparques, guardabosques y bomberos forestales, así como proporcionarles entrenamiento, equipos modernos y tecnología.
Abreu planteó igualmente rescatar los viveros y brigadas forestales e intervenir las cuencas hidrográficas con mayores niveles de deforestación para reducir la erosión de los suelos y aumentar su capacidad de retención de agua.
En cuanto a la política de permisos ambientales, criticó que las autoridades hayan flexibilizado procedimientos establecidos en las normativas del Ministerio de Medio Ambiente, al tiempo que, según afirmó, se han otorgado miles de autorizaciones y desarrollado proyectos estatales sin contar previamente con los permisos correspondientes.
El dirigente opositor recordó que las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, y el nuevo Código Penal ya contienen disposiciones para perseguir y sancionar los ilícitos ambientales. Apuntó que el propio decreto reconoce que “no se crea un nuevo tipo penal, ni modifica o amplía los elementos constitutivos de los delitos vigentes”.