En la mañana del pasado domingo, Carolina Mejía en su condición de aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó un acto multitudinario en donde oficializó la designación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como su nuevo jefe de campaña.
Al tomar la palabra, el senador de Montecristi que asume la coordinación con “entusiasmo, firmeza y determinación” y sostuvo que Mejía constituye, a su juicio, la opción para dar continuidad a las políticas desarrolladas por el presidente Luis Abinader.
Justo ese mismo día, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, realizó otra actividad en donde aseguró que se convertirá en el “próximo Presidente de la República”.
El evento fue denominado como una “Asamblea Nacional” de la corriente peledeísta que apoya sus aspiraciones para repetir como el candidato presidencial del partido de la estrella amarilla.
Ambos actos, de acuerdo con lo establecido en la ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, están supuestos a no ser celebrados hasta el domingo 4 de julio del próximo año que es cuando el calendario electoral marca el inicio de la precampaña y se habilita oficialmente la celebración de eventos y declaraciones proselitistas.
La ley indica que es a partir de esa fecha que los aspirantes se convierten oficialmente en precandidatos y los partidos comienzan, abiertamente, a establecer sus estrategias en búsqueda de ganar la mayor cantidad de plazas electorales probables en los comicios tanto de febrero como de mayo del año subsiguiente.
Sin embargo, los dos eventos reseñados del domingo, aunado a otros realizados durante el último fin de semana reflejan como la promoción de “candidaturas”, la celebración de actividades multitudinarias para mostrar fuerza política y un PLD preparándose para realizar una “consulta popular”, han hecho sentir durante los últimos meses que el proselitismo no ha esperado por el plazo determinado por las legislaciones y como esas acciones a destiempo han sido una constante desde que el pasado proceso electoral fue clausurado con la reelección de Abinader como jefe de Estado.
Ante esa situación, más allá de varias advertencias (ninguna realizada durante los últimos meses) la Junta Central Electoral (JCE) no ha podido detener la celebración de las constantes actividades que están en franca violación de las leyes electorales.
El oficialismo
Además de ese acto en donde oficializó la designación de De los Santos, la alcaldesa del Distrito Nacional sostuvo actividades en donde juramentó estructuras de apoyo en Dajabón y San José de Ocoa; de la misma manera, el equipo político de David Collado también movió a sus dirigentes con encuentros simultáneos en diferentes puntos de la geografía nacional, con actividades en Santiago, Mao, Higüey y Bahoruco.
Hasta el momento el ministro de Turismo no ha tomado la ruta de juramentaciones al igual que demás aspirantes, delegando esas tareas en Kelvin Cruz y Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, quienes fueron los encargados de juramentar los nuevos integrantes del equipo de Collado.
El PLD rumbo a su consulta
La actividad del excandidato presidencial del PLD forma parte de los actos de campaña realizados por Castillo en camino a la denominada «consulta popular» que realizará el partido morado el próximo 18 de octubre.
En esa contienda, Castillo medirá fuerzas contra Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata para determinar cuál es el «aspirante más aventajado» de cara al proceso electoral del 2028.
Ese proceso, que igual realizaron en el 2022, no cuenta con el respaldo legal ni de la JCE ni del Tribunal Superior Electoral (TSE) debido a que en la práctica, el PLD estaría adelantando la selección de su candidato.
Las leyes electorales establecen que ningún candidato puede ser escogido y proclamado hasta el mes de octubre del próximo año. Para mantenerse al margen de las legislaciones vigentes, las autoridades moradas han sido enfáticas en indicar que sólo buscan medir cuál es el aspirante con «mayor apoyo» para colocar la estructura del partido detrás de su figura.
Fuerza del Pueblo por las ramas
A pesar de no estar en la palestra al mismo ritmo del PRM y el PLD, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo aprovechan cada asamblea o actividad partidaria para promover como sería un gobierno de los opositores a partir del 2028. Además de promover la figura del tres expresidente y de su hijo, y senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.
El órgano electoral no sanciona
A pesar de la creación en 2022 de una unidad que se encargaría de perseguir las infracciones administrativas electorales y dictaminar las penalidades y medidas cautelares que establecen las leyes 15-19 sobre régimen electoral y la 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la JCE aún no ha aplicado alguna sanción contra quienes realicen esta violación a la ley.
El artículo 78 de la Ley 33-18 ordena a la JCE considerar inadmisible las candidaturas de los aspirantes que comiencen antes del tiempo permitido las acciones proselitistas.
“Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”, instruye el numeral 8 de ese artículo.
Mientras que el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral señala la sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a las entidades políticas, precandidatos y precandidatas, jefes de campaña, que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas “antes del inicio formal, proclamado por la JCE”.