En una lógica weberiana, el fundamento del Estado es el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia, porque, en la práctica, el derecho es una proyección formal de esa violencia (Hobbes habría estado de acuerdo).
Sólo cuando hay capacidad de control, regulación y administración de la violencia y los medios a través de los cuales esta se ejerce, podemos afirmar que estamos frente a verdadero Estado, de lo contrario, estamos frente a una caricatura. Sobre esa base, ese control se ejerce a través de la administración de los medios a través de los cuales esta se ejerce (armas), y quienes la instrumentalizan (fuerzas armadas y policía). Cuando el Estado no existe (Haití), ese monopolio se quiebra y surgen los llamados “Señores de la Guerra” (Etiopía, Somalia, Yemen, etc.).
El preámbulo es necesario para entender la gravedad de las informaciones contenidas en el Informe Final del Panel de Expertos sobre Haití S/2026/714, de septiembre de 2026 –y particularmente, su Anexo 18–, donde se aportan datos concretos (y seriados) sobre el hallazgo de municiones pertenecientes a los arsenales dominicanos, en manos de bandas armadas haitianas.
Las informaciones arrojadas por el panel de expertos no han sido contradichas por las autoridades dominicanas, todo lo contrario. En el mismo se da cuenta del nivel de colaboración de las autoridades, destacándose la ejecución de buenas prácticas, como son el marcado de la munición en su origen.
El problema no es que munición dominicana esté siendo utilizada en Haití, lo preocupante es que eso es la prueba material de que los mecanismos de control y supervisión de los arsenales dominicanos han sido burlados. Hablamos de municiones, de la razón de ser de las armas, que son la manifestación física de ese monopolio de la violencia que ejerce exclusivamente el Estado.
Si la cadena de custodia se rompe a esos niveles, tanto en los arsenales de la Policía Nacional y del Ejército; si hablamos de cientos de miles de municiones de diferentes calibres; el problema menor es la existencia de mafias o estructuras delictivas que negocien con ellas. El verdadero problema es la quiebra del control de los pertrechos, y eso sí es grave.
Una cosa es especular sobre la existencia de entramados, asumir que existen estructuras que permean los controles o vulneran las medidas de seguridad, y otra cosa es que Naciones Unidas les tome foto a municiones dominicanas en territorio haitiano, siendo usadas por bandas criminales.
Las autoridades están llamadas, no sólo a investigar, sino a esclarecer públicamente la situación y determinar responsabilidades. Bajo la etiqueta de “seguridad nacional”, no puede quedar sin respuesta esa realidad que preocupa al gobierno y a organismos internacionales; ni pasarse página como si fuera un problema menor; ni mucho menos no informar cuáles mecanismos y medidas se implementarán de ahora en adelante, para impedir que situaciones así vuelvan a ocurrir.