En la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en el denominado caso Operación Calamar, se establece que el excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo realizaba llamadas de manera frecuente para solicitar “más y más recursos”, aun sabiendo la procedencia ilícita del efectivo.
De acuerdo al documento al que LISTIN DIARIO tuvo acceso, Castillo utilizó los recursos sustraídos de forma fraudulenta del Estado dominicano para financiar parte de su campaña interna en el partido morado en el 2019 y posteriormente su candidatura presidencial en el año 2020.
Los recursos que no fueron declarados ante la Junta Central Dominicana (JCE) en ambos procesos electorales, puesto no podían justificar su procedencia, conforme al documento del Ministerio Público, ascienden a RD$ 3,812,000,000,00, los cuales recibió en efectivo.
El Ministerio Público afirmó que tiene evidencia de que Castillo recibió esa cantidad en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez y en casos excepcionales los recibían personas de su confianza.
El órgano persecutor aseveró además que las evidencias arrojan “absoluta” disposición de parte de Castillo en el supuesto entramado de corrupción a que los recursos fueran “exclusivamente” para su campaña electoral, cuando en ese momento era precandidato.
“Lo cierto es que las evidencias revelan su absoluta disposición a que el dinero distraído fuera exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo Terrero, quien conforme demuestran los elementos de prueba recabados, recibía de manera personal y en su oficina, los fondos distraídos, y de manera excepcional los recibían personas de su confianza”, se lee en el documento.
Dice que Gonzalo Castillo durante la campaña interna del PLD llevada a cabo en 2019, cuya duración fue de 66 días, entre el 31 de julio y el 6 de octubre, recibió sumas millonarias de las arcas del Estado, de las cuales conocía de su procedencia ilícita “y que por demás era acción típica de financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.
El informe refiere que el supuesto entramado criminal utilizó contratos que tenía con las empresas de Bolívar Ventura Rodríguez con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para así realizar acuerdos de reconocimiento de deudas por obras adicionales, las cuales no fueron realizadas.
Explica que producto de esos reconocimientos se distrajeron RD$1,231,993,188.00, del patrimonio estatal, los cuales fueron utilizados en el financiamiento de la candidatura de Castillo en las primarias del PLD.
Según el documento, en el 2019 y antes de las primarias, el expresidente Danilo Medina convocó una reunión en su despacho en el Palacio Nacional, en la que asistieron Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios. En dicha reunión Medina instruyó a los presentes “buscar dinero para las campañas políticas del año 2019 (internas del PLD) y la del año 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita”.
Peralta, fue quien sostuvo conversación con Bolivar Ventura, donde le dijo que debía realizar aportes para la campaña y que a cambio recibiría “unos pagos de deudas que el Estado tenía con él”, y que para fines de coordinar los pagos, debía reunirse con el ministro de Hacienda en ese entonces, Ángel Donald Guerrero Ortiz.
La reunión que fue coordinada por el también implicado en el caso “Antipulpo” Francisco Pagan, con el ministro de hacienda Donald Guerrero, quien le manifestó a Ventura que necesitaban los fondos para las elecciones de 2019 y que a cambio recibiría los pagos adeudados por parte del estado, lo que de acuerdo al documento, constituyó “una estructurada operación de soborno”.
El plan que fue materializado por los encartados José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, para beneficiar a la campaña política de Gonzalo Castillo Terrero, utilizó las empresas de Ventura y recibió libramientos desde el Ministerio de Hacienda de pagos por un aproximado de RD$2,185,489,598.77, de los cuales Bolivar Ventura entregó al supuesto entramado RD$ 1,231,993,188.00, conforme al Ministerio Público.
