En el país en el que «ná e´ ná y tó e´ tó», parece que algunas cosas están cambiando, si tomamos en consideración los hechos acontecidos en la última semana.
El martes, un apagón general, provocó un caos en la República Dominicana que se quedó a oscuras por alrededor de ocho horas, generando, incluso, uno que otro cable internacional reportando la situación, que incluyó que el Metro de Santo Domingo quedará varado en diferentes líneas y que uno de los tres teleféricos tuviera que ser evacuado por falta de energía.
Cinco días después del apagón, dos decretos despojaban de sus puestos al director de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles, y al director de la Oficina Para el Reordenamiento del Tránsito (OPRET), Rafael Santos.
En el caso del primero, lo poco que se sabe de manera oficial es que un fallo en las líneas de transmisión provocó el efecto dominó que dejó sin electricidad a las 31 provincias del país más el Distrito Nacional.
El segundo funcionario destituido, trató de justificar la falla en la operación del Metro alegando un «mantenimiento profundo» al sistema de emergencia que consta de 18 plantas eléctricas que generan casi 36.6 MW de energía.
Resulta que estamos acostumbrados a que las cosas pasen y que no suceda nada, una de nuestras más graves debilidades institucionales.
¿O no figura la impunidad entre las mayores preocupaciones de los dominicanos cuando se habla del sistema judicial nacional?
En los países desarrollados, fallos de tal magnitud en las instituciones provocan las renuncias de los funcionarios de turno.
Aunque todavía no hemos llegado a esos niveles en la República Dominicana, por lo menos ya vemos que el presidente reacciona y no deja pasar casos tan llamativos como el del apagón general que puso a todos en ascuas. Las reacciones adecuadas también hay que reconocerlas.