COMPRÉS
El consumo ilegal de obras audiovisuales en las plataformas de streaming piratas y en “set-top boxes” (STB) sigue afectando la industria creativa de República Dominicana. Estas acciones generan pérdidas anuales de unos $20 millones de dólares, según los datos de las autoridades.
La cifra fue puesta en contexto por Nelson Jiménez, director-gerente de la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores Audiovisuales (SOGESPA), durante el desayuno con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, donde se expusieron los retos del sector en el país.
SOGESPA es una institución autorizada que desde hace 10 años de operaciones reúne a los productores de audiovisuales con el propósito de garantizar sus derechos patrimoniales.
Hoteles, hostales, bares, restaurantes, centros culturales, clínicas, auditorios, universidades, escuelas o colegios, entre otras instituciones o negocios, están llamadas a pagar derechos por el uso de productos audiovisuales en esos lugares.
En el caso de la piratería que ejercen ciudadanos, el llamado principal de Jiménez fue directamente a los consumidores, a quienes les pidió romper el silencio y la complicidad que rodea el acceso a contenido ilegal.
“Todos tenemos a un conocido o un familiar que conoce a alguien que se le ha acercado y por 3,000 pesos te da la posibilidad de tú ver 70,000 mil canales y eso es ilegal, es piratería (no solo el que lo ofrece, sino quien accede a este servicio”, advirtió Jiménez.
SOGESPA celebró un avance significativo contra este delito: la “Operación Domo”, coordinada en septiembre pasado por la Procuraduría, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el Ministerio de Industria y Comercio, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras entidades que lograron someter a la justicia a una red de piratería digital.
Los imputados distribuían equipos a la ciudadanía, a cambio de dinero, que permitían acceder a obras audiovisuales protegidas a través de televisores, tabletas y celulares. Por vía de estos aparatos se pueden ver series, películas, canales y otros contenidos vía streaming.
“El hito que significó poner cara a una de acción de piratería, que es la propia del mundo de hoy en República Dominicana, es sumamente importante porque le pone atención al tema de obras audiovisuales en el país”, comentó Jiménez, quien reconoció el gran trabajo de las instituciones que coordinaron la “Operación Domo”.
El director-gerente de SOGESPA fue claro en que la sociedad dominicana necesita entender que “no es posible ver películas gratis” ni tener al alcance un sin fin de obras sin costo alguno, pues representa un uso evidente no autorizado de obras protegidas.
“Esto tiene que atacarse, no se puede ver películas gratis, sin pagar, no se puede acceder a una cantidad ilimitada de obras audiovisuales sin ningún tipo de restricción y que se haga un pago clandestino que tú sabes que no se corresponde con la cantidad de contenido al que te dan acceso”, expresó Jiménez.
Antonio Alma, tesorero de SOGESPA, calificó como un crimen la práctica ciudadana de ver películas sin costo alguno: “El mayor enemigo de la industria del cine es la piratería, es fundamental que la gente entienda que piratear un audiovisual es algo criminal”.
La aspiración, según el sector, es cambiar la visión social sobre el valor de la creatividad y de la propiedad intelectual. SOGESPA, junto con otras organizaciones, busca que la gente reconozca la importancia de este recurso clave para el crecimiento de la industria cinematográfica, televisiva y todo el ámbito creativo dominicano.
Después de casi dos décadas, las acciones coordinadas de los años recientes fueron fundamentales, permitiendo a República Dominicana abandonar la “Lista Negra” o Lista 301 internacional sobre propiedad intelectual, un triunfo ahora dependiente de la protección ciudadana e institucional. En ese sentido, los directivos de SOGESPA llamaron a mantener acciones contundentes para que el país se mantenga libre de esos delitos.
Jiménez, al hablar sobre la formalización, valoró el trabajo de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), que ha llevado a cabo campañas continuas, enseñando a los creadores a registrar sus obras.
La meta es que artistas, guionistas y productores comprendan que sus creaciones, aun siendo abstractas, pueden ser una fuente real de ingresos al estar legalmente protegidas.
CASO EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOGESPA también encendió las alarmas advirtiendo del “peligro inminente” que amenaza al derecho del autor en República Dominicana si el Tribunal Constitucional llegara a ratificar el fallo adverso a la entidad artística de parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que concluyó que el uso de televisores en las habitaciones de un centro de salud no requiere autorización ni, por consiguiente, un pago por uso.
Nelson Jiménez explicó en su visita a LISTÍN DIARIO que luego de la sentencia 2076-2021 de la de la Suprema Corte, con fecha del 28 de julio de 2021, llevaron el caso al Tribunal Constitucional (que lo tiene pendiente de fallo) y que espera le sea favorable a la entidad.
“La apreciación de la Suprema Corte de Justicia es contrario al uso no autorizado de contenido audiovisual en las habitaciones de las clínicas y nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional, que tiene que referirse favorablemente porque los usos no autorizados socavan el derecho exclusivo que tienen los productores sobre su obra”, afirmó Jiménez.
SOGESPA busca lograr el pago de las tarifas por la exhibición de contenido audiovisual en clínicas, hoteles, hostales, bares, restaurantes, centros académicos y otros. En algunos casos, el precio que quieren validar es un total de 50 pesos mensuales por cada televisión.
Ante la negativa, respaldada con la sentencia de la SCJ, de las clínicas a obviar el pago de derecho al uso de televisores en las habitaciones, los productores audiovisuales están preocupados de que otros negocios asuman posiciones similares.
“Los sectores en sentido general siguen cumpliendo los acuerdos, pero el sector hotelero, por ejemplo, ya se está comenzando a agarrar de ahí porque ellos dicen: -¿cuál es la diferencia entre una habitación de una clínica y una de hotel?-, es un peligro sumamente inminente”.
El director-gerente de SOGESPA expresó que la sociedad debe entender la diferencia entre el disfrute casero de ver Netflix o Spotify en el hogar y el uso comercial de estas plataformas y canales de televisión o cable que reproducen música, series o películas en una sala de espera o en la habitación de un hotel/clínica).
Cuando se exhibe una película en un negocio, en un transporte o de manera pública hay que pagar ese derecho de uso a SOGESPA, indicó Jiménez, a la vez que aclaró que no se trata de un impuesto, sino de un derecho de autor.
La institución celebra sus 10 años de gestión con resultados tangibles, incluyendo más de 20 sentencias favorables y la distribución de cerca de $100 MM en repartos a los creadores. En una década, la entidad alcanzó más de 400 usuarios o clientes en todo el país.
“Hay un potencial en la gestión colectiva, por ejemplo, ahora mismo tenemos que tener de esos 400 clientes algunos 150 restaurantes, pero podemos llegar a 500 o más, es decir, hay una capacidad de crecimiento muy importante”, sostuvo Jiménez.
Luego agregó: “En estos primeros diez años de intenso trabajo hemos ido al paso que teníamos que haber ido porque hay muchas cosas que hemos ido venciendo, superando, y eso de alguna manera es propio de esta etapa, pero de aquí en adelante va a ser mejor”.
El consejo administrativo de SOGESPA está integrado por Humberto Castellanos, presidente; Fernando Santos Díaz, vicepresidente; Antonio Alma, tesorero; Katherine Bautista, secretaria; Víctor Núñez y Lilia Fernández, vocales, y Nelson Jiménez, director-gerente.