A través de la comunicación DN-DP-0935-2021, de fecha 30 de junio de 2021, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría acerca de los fondos manejados en su gestión, lo que reveló una serie de actividades sin comprobantes.
La auditoria comprende el periodo del 21 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021, y se realizó cumpliendo con el plan anual de auditoría aprobado por el Pleno, según decisión DEC-2022-031, de fecha 16 de marzo de 2022.
Dentro de los hallazgos está el pago de inmobiliarios para sin que se tengan evidencias de que se adquirieron.
“Adquisición de mobiliarios sin evidencia de la recepción final de los bienes adquiridos, por la suma de RDS4,747,482”, dice el informe de la Cámara de Cuentas.
Sumado a esto, la entidad realizó pagos por concepto de alquiler de copiadoras y adquisición de combustible por un total de RD$3,161,736, sin que existiera evidencia en el expediente del contrato ni de la modalidad de selección aplicada.
“Se comprobó que la entidad realizó pagos a proveedores durante el periodo 2018-2021 por un monto de RD$10,120,877, en la contratación de bienes y servicios y en el renglón de Bienes Muebles e Inmuebles, sin que los proveedores presentaran las certificaciones al día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social”, establece la auditoria.
Los auditores encontraron que se incluyeron en el reporte de la ejecución presupuestaria cheques anulados por un total de RD$9,038,674, lo que resultó en una sobrevaluación de la información financiera presentada para los años analizados.
Asimismo, la auditoria reveló que se realizaron desembolsos de incentivos y horas extraordinarias con cargo a la Cuenta Operativa por un monto de RD$3,272,350, lo cual contraviene las normativas de la institución para el manejo del Fondo Operativo.
La Cámara de Cuentas observó, además, transferencias realizadas desde las cuentas Imprevistos, gastos menores y operativa, por un monto de RD$2,746,278, sin la documentación de soporte requerida.
De igual forma, se comprobó la existencia de cheques anulados durante el periodo 2018-2021 por un total de RD$2,715,745, cuyas firmas no fueron inutilizadas “para minimizar el riesgo de uso indebido”.
También pagos de horas extraordinarias sin evidencia de procedimiento documentado para el cálculo. Esto con un valor de RD$2,306,350.