Apreciado lector, es muy probable que, al leer este título, haya pensado de inmediato que se trata de una asociación forzada o improcedente. Tal vez haya razonado que, de existir una relación real entre marihuana y delincuencia, algunos estados de Estados Unidos —e incluso países como Holanda— no habrían avanzado hacia su legalización. Sin embargo, ese razonamiento, aunque frecuente, responde a lo que en el análisis social se conoce como una asociación espuria, un error lógico que ya hemos abordado en artículos anteriores.
Para comprender mejor este debate, conviene revisar brevemente la evolución de la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Esta sustancia fue legal en todo el país hasta 1913. Sin embargo, a partir de ese año, estados como California —seguido por Utah en 1914— comenzaron a prohibirla, tendencia que se fue extendiendo progresivamente. Para 1930, treinta estados ya habían adoptado la prohibición, reflejando un cambio significativo en la percepción social y política sobre su consumo.
En ese contexto, en 1936 alcanzó gran popularidad la película Reefer Madness, una producción que reflejó —y a la vez reforzó— el clima moral de la época. En ella, no de manera subliminal, sino explícita, se presentaban los supuestos peligros del consumo de marihuana, asociándola con alucinaciones, paranoia, conductas delincuenciales e incluso tendencias suicidas y homicidas. Esta narrativa audiovisual contribuyó a consolidar en la opinión pública una imagen profundamente negativa de la sustancia, preparando el terreno para políticas cada vez más restrictivas.
Ese clima de alarma social no tardó en traducirse en medidas concretas. En 1937, el Congreso de Estados Unidos avanzó hacia la prohibición de la marihuana de manera indirecta, mediante la aprobación de un impuesto tan elevado que, en la práctica, hacía inviable su uso y comercialización. A partir de ese momento, se sucedieron leyes federales cada vez más severas, entre ellas la Ley Boggs, de 1952, y la Ley de Control de Narcóticos, de 1956, que consolidaron un enfoque marcadamente punitivo frente al consumo y distribución de esta sustancia.
Este endurecimiento legislativo vino acompañado de una construcción terminológica que, hasta hoy, resulta conceptualmente problemática. En el discurso oficial estadounidense se popularizó el uso del término “narcóticos” para referirse de manera indistinta a sustancias como la marihuana, la cocaína, el éxtasis o el LSD. Sin embargo, desde un punto de vista farmacológico y clínico, estas drogas no producen un efecto narcótico propiamente dicho, sino que actúan como estimulantes, generando euforia, exaltación del ánimo y un optimismo artificial.
Los verdaderos narcóticos —los derivados opiáceos— producen un efecto diametralmente distinto: inducen somnolencia, analgesia profunda y una sensación subjetiva de calma que muchos consumidores describen como paz interior. Sustancias como la heroína, la morfina y, más recientemente, el fentanilo pertenecen a esta categoría. Resulta, por tanto, evidente que la denominación generalizada de “narcóticos” no solo es imprecisa, sino que contribuye a confundir los efectos reales y los riesgos específicos de cada sustancia.
Desde esta perspectiva, resulta más acertado el enfoque adoptado por instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que prescinde del equívoco rótulo de “narcóticos” y se limita a la denominación de drogas ilegales. Esta formulación, lejos de ser un mero asunto semántico, evita asociar de manera automática a las sustancias con efectos específicos que no necesariamente producen. Al hacerlo, contribuye a un debate más honesto, centrado en la ilegalidad, el riesgo y el impacto social, y no en etiquetas conceptualmente erróneas.
No obstante, a partir de la década de 1970 comenzó a gestarse un giro significativo en la política estadounidense frente a la marihuana. Entre 1973 y 1978, once estados optaron por despenalizar su uso, entre ellos Oregón, Alaska, California, Colorado, Maine, Minnesota, Ohio, Misisipi, Nueva York, Carolina del Norte y Nevada. Este cambio no respondió a un consenso científico definitivo, sino a una combinación de factores sociales, políticos y culturales que cuestionaban la eficacia del enfoque estrictamente prohibicionista.
A partir de 2001, otros estados comenzaron a autorizar el uso medicinal de la marihuana, aunque bajo esquemas de control destinados a restringir su acceso exclusivamente a pacientes que cumplieran con criterios médicos específicos. Este paso marcó un nuevo punto de inflexión en el debate, al introducir la idea de que determinados derivados del cannabis podían tener aplicaciones terapéuticas legítimas, sin que ello implicara necesariamente una aprobación general de su consumo recreativo.
Conviene aclarar desde ahora que, en el transcurso de este artículo, abordaremos con mayor detenimiento el uso médico de los derivados de la marihuana, diferenciándolo de la legalización indiscriminada de la sustancia. Esta distinción resulta esencial para evitar simplificaciones que, lejos de aclarar el debate, tienden a confundirlo.
Quienes defienden la legalización de la marihuana suelen apoyar su postura en dos argumentos principales. El primero es de carácter económico: sostienen que su regulación generaría ingresos multimillonarios para el Estado, tanto por la vía impositiva como por el ahorro en costos asociados a procesos judiciales, encarcelamientos y operaciones policiales, lo que permitiría reasignar recursos hacia otras áreas prioritarias.
El segundo argumento recurrente a favor de la legalización de la marihuana es la supuesta disminución de la criminalidad. Según esta postura, al regular su producción y distribución se debilitarían los mercados ilegales y, con ello, las actividades delictivas asociadas al tráfico de drogas. Esta idea ha sido ampliamente difundida en el debate público y suele presentarse como uno de los beneficios sociales más relevantes de la legalización. Sin embargo, esta afirmación dista de ser concluyente. Existen reportes que indican que, en estados como Colorado, California y Nevada, los niveles de criminalidad no experimentaron la reducción esperada tras la legalización e, incluso, en algunos casos se registraron incrementos leves. Diversos analistas señalan que la persistencia de mercados ilegales paralelos —favorecidos por diferencias de precios, impuestos elevados o restricciones regulatorias— limita de manera significativa el impacto de la legalización sobre la delincuencia.
En este punto, corresponde reconocer con honestidad intelectual que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) no ha respaldado la legalización de la marihuana. Su postura se fundamenta en diversos argumentos clínicos y de salud mental que, si bien resultan atendibles, no siempre se presentan de manera irrefutable. Algunos de ellos admiten matices, contraejemplos o datos alternativos capaces de generar dudas razonables en el debate científico.
No obstante, la objeción más sólida frente a la legalización de la marihuana podría haberse planteado desde un concepto médico bien establecido en el campo de las adicciones: la tolerancia. Este fenómeno se refiere a la respuesta cada vez menor del organismo ante una dosis determinada de una sustancia, lo que obliga al consumidor a incrementarla progresivamente para alcanzar los mismos efectos que antes obtenía con cantidades inferiores.
La tolerancia suele conducir a lo que se conoce como escalada. No se trata únicamente del aumento de las dosis, sino también de la búsqueda de sustancias más potentes o de la combinación de varias drogas con el fin de reproducir los efectos iniciales. En este proceso, algunos consumidores sustituyen la marihuana por otras sustancias más fuertes, como la cocaína, o las consumen de manera simultánea. Cuando la tolerancia vuelve a imponerse, la escalada continúa, conduciendo en no pocos casos al consumo de derivados opiáceos altamente adictivos, como la heroína o el fentanilo, drogas que sí mantienen una relación directa y comprobada con formas graves de delincuencia.
En este punto conviene subrayar una realidad incómoda: la puerta de entrada hacia estas sustancias no fue, en la mayoría de los casos, una droga “dura”, sino la aparentemente inofensiva marihuana. Minimizar este recorrido no lo elimina; simplemente lo invisibiliza.
Es importante aclarar que no todas las personas que consumen marihuana desarrollan dependencia ni transitan necesariamente por este recorrido. Existen individuos que logran abandonar su consumo de manera voluntaria, tanto en el caso de la marihuana como de otras sustancias. Sin embargo, también es cierto que, en la actualidad, no existe ningún método clínico, psicológico o psiquiátrico capaz de predecir con certeza quién podrá ejercer ese control y quién, por el contrario, desarrollará una adicción.
Esta incertidumbre convierte la legalización indiscriminada en una apuesta de alto riesgo. Cuando se trata de sustancias con potencial adictivo, la política pública no puede construirse sobre excepciones individuales, sino sobre la protección del conjunto social y, especialmente, de los sectores más vulnerables.
En cuanto al uso medicinal de los derivados de la marihuana, quien esto escribe apoya de manera clara y decidida su aplicación en pacientes con cáncer terminal. Cuando una persona enfrenta una enfermedad con expectativa limitada de vida, acompañada de dolores intensos, deterioro físico progresivo y un profundo impacto emocional, la prioridad ética debe ser la calidad de vida. En estos casos, los derivados del cannabis pueden ofrecer alivio significativo del dolor, mejorar el estado de ánimo y permitir una vivencia más digna del tiempo restante.
Incluso si el uso de estas sustancias conllevara el riesgo de una reducción en la expectativa de vida —por ejemplo, de cinco a tres años—, la decisión no puede evaluarse únicamente en términos cuantitativos. Tres años vividos con alivio, acompañamiento y dignidad resultan preferibles a cinco años marcados por el sufrimiento constante, la desesperanza y la pérdida total de calidad de vida.
Esta posición puede resultar incómoda para algunos, pero responde a una ética cristiana que rehúye la tibieza y la evasión. En asuntos que comprometen la vida, el sufrimiento y la dignidad humana, la neutralidad aparente suele ser una forma encubierta de irresponsabilidad.
Conclusión: La discusión sobre la marihuana no puede seguir reduciéndose a consignas ni a experiencias individuales. No toda sustancia legalizada es inocua, ni todo consumo es socialmente irrelevante. Ignorar fenómenos bien documentados como la tolerancia, la escalada y su función como puerta de entrada hacia drogas más destructivas no es progreso; es negligencia. Y la negligencia, cuando se convierte en política pública, siempre termina pasando factura.
Como advertía Friedrich Nietzsche, las ideas deben rumiarse hasta penetrar en el tuétano de los huesos. La marihuana no es el demonio que algunos caricaturizan, pero tampoco la sustancia inofensiva que otros idealizan. Tal vez el verdadero debate no sea si debe o no legalizarse, sino si estamos dispuestos a asumir, con honestidad y responsabilidad social, las consecuencias reales de hacerlo.
El autor es psiquiatra y general (R) del Ejército