En República Dominicana gastamos mucho, pero construimos poco.
Hay gastos que edifican país y hay gastos que solo dan corriente.
Corriente eléctrica: pasa y se disipa.
Corriente presupuestaria: se consume hoy y no deja huella mañana.
Para entender uno de los problemas centrales de nuestra política fiscal hay que cambiar el ángulo de análisis. El debate no debe partir del PIB, sino del presupuesto. El tamaño de la economía puede expandirse, pero el desarrollo depende de cómo el Estado distribuye los recursos que realmente administra.
Visto desde el presupuesto, el diagnóstico es claro. La inversión pública ronda aproximadamente el 15 % del total, mientras que más del 80 % del presupuesto se destina a gasto corriente y compromisos financieros, como nómina, subsidios, transferencias, funcionamiento e intereses de la deuda. Y cuando surgen presiones coyunturales, la inversión suele ser la primera en sacrificarse.
Cuando la mayor parte del presupuesto se orienta a sostener el presente, el futuro queda hipotecado.
Aquí surge una confusión frecuente: cuando el PIB crece, se asume que el país avanza. Pero el crecimiento no garantiza transformación estructural si el gasto público no fortalece capacidad productiva. El problema no es cuánto crece la economía, sino cuánto del presupuesto crea infraestructura, competitividad y productividad sostenible.
Un país puede exhibir estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, acumular déficits estructurales en agua, transporte, energía, educación técnica o logística. El crecimiento sin inversión estratégica termina siendo consumo ampliado, no desarrollo consolidado.
En los últimos años, la inversión pública en infraestructura productiva ha sido limitada frente al tamaño de nuestras necesidades. En varios años ha estado por debajo de lo que requiere una economía que aspira a consolidar su desarrollo. Mientras tanto, el gasto corriente continúa expandiéndose impulsado por inercias administrativas y compromisos políticos acumulados.
No se trata de demonizar el gasto social ni de desconocer las obligaciones del Estado. Un gobierno debe pagar salarios, sostener servicios y atender sectores vulnerables. El problema aparece cuando el gasto corriente deja de ser instrumento y se convierte en estructura permanente.
El gasto que solo administra el presente no construye futuro.
La política fiscal debe recuperar su carácter estratégico.
Además, el aumento del gasto corriente genera compromisos rígidos. Cada nueva nómina, cada subsidio permanente, cada transferencia sin estrategia de salida se transforma en una presión acumulativa sobre el presupuesto. Reducirlos después no es solo difícil: es políticamente costoso.
Así, el presupuesto pierde flexibilidad. Y cuando llegan crisis —sanitarias, económicas o climáticas— el margen de maniobra se reduce peligrosamente.
Entre tú y yo, el debate fiscal no debería centrarse únicamente en cuánto recaudar, sino en cómo priorizar. No todo gasto es igual. Hay gastos que sostienen el sistema y hay gastos que lo transforman.
La diferencia entre un país que avanza y uno que se estanca no está solo en cuánto gasta, sino en qué capacidad construye con lo que gasta.
Porque el gasto que da corriente mantiene las luces encendidas…
pero no fortalece la estructura que sostiene el desarrollo.
joaquinjoga@gmail.com