La semana que recién finaliza vimos a los ministros de Agricultura y de Administración Pública anunciar, en una rueda de prensa, el avance de los trabajos orientados a la fusión -quizá sería mejor decir incorporación- de Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura. En la ocasión el ministro de Agricultura dio seguridades de que no hay tal eliminación, como afirman algunos, sino fortalecimiento institucional y, por su parte, el ministro de Administración Pública afirmó que el proceso está revestido de las garantías que supone una operación de fusión de este género con relación al respeto de los derechos adquiridos de los servidores públicos que figuran en la nómina del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El proceso supone una evaluación de personal al influjo de la cual se escogerá el personal acto para seguir aportando a la institución agropecuaria, se prescindirá de los que no están prestando un servicio útil en el IAD y se procederá a pensionar los que pasen de 65 años. El anuncio no ha calmado la incertidumbre que viven muchos empleados (técnicos y personal de oficina) que han dado su vida sirviendo a la institución y que presienten, sobre todo en la eventualidad de una disposición de pensión, la implementación de una vía legal, mas no justa, habida cuenta de que un proceso con apego al sistema de reparto solo les garantiza un porcentaje del salario que ganan a la fecha que, en una mayoría de casos oscila entre 35 y 40 mil pesos. Y, si de esa cantidad se les descuenta la suma que sea, el salario de miseria que ahora reciben seguramente descenderá a la categoría de limosna.
Semejante situación, les dejaría una pensión cuya cantidad de dinero no alcanzaría ni para comprar las medicinas prescritas a la mayoría de los ancianos que padecen diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades irremisibles. Y aquí evoco las palabras de un famoso juez francés cuando dijo “nunca me impidió el derecho hacer justicia”. Es legal la forma que el ministro de Administración Pública asegura en que serán pensionados los profesionales agrícolas. Sin embargo, esa legalidad excluye la posibilidad de un trato justo a hombres y mujeres a quienes su labor le agotó la existencia y que esperan del Gobierno un trato digno. Por ende, me permito hacer un llamado al presidente Luis Abinader para que, al menos, se conceda a los técnicos y personal administrativo a pensionar en el IAD, como suma mínima, la misma que se concedió a infinidad de técnicos mediante pensiones especiales, 50 mil pesos. ¡Será un acto de justicia, señor presidente!