La violencia no es un fenómeno espontáneo ni inevitable; es, en gran medida, una construcción humana que surge cuando se debilitan el orden, la justicia y la responsabilidad. Cuando una sociedad descuida el régimen de consecuencias —es decir, la relación clara entre actos y responsabilidades— se crea un clima propicio para el rencor, la frustración y la violencia. En este contexto, no resulta extraño que algunos opten por ejercer justicia por mano propia, al percibir que las instituciones han dejado de cumplir su función.
La suspensión de procesos legales, la lentitud judicial y la percepción de impunidad generan un profundo malestar social. En el caso dominicano, esta situación se agrava por el amiguismo, la influencia del poder económico y la fragilidad institucional, factores que erosionan la confianza en la justicia. Como señala Johan Galtung, la violencia no solo es directa, sino también estructural, manifestándose cuando las instituciones no garantizan equidad, acceso y dignidad.
A ello se suma la falta de una sólida educación cívica. La ausencia de formación en normas de convivencia, respeto y responsabilidad desde edades tempranas propicia conductas imprudentes y agresivas. Esta realidad se refleja claramente en el tránsito terrestre, donde la inobservancia de las normas genera caos y pone en riesgo la vida. Asimismo, la informalidad en la gestión de servicios públicos y privados, como la salud y la educación, incrementa la frustración ciudadana. Cuando un seguro médico no responde o cuando instituciones educativas incumplen compromisos económicos, se desencadenan estrés, indignación y una violencia contenida que afecta la estabilidad emocional y mental.
Otro factor preocupante es la deficiente calidad de algunas obras públicas y privadas, que no solo genera inquietud, sino que compromete la seguridad de los ciudadanos. A esto se añade la crisis del sistema penitenciario, que lejos de rehabilitar, reproduce violencia, profundiza traumas y dificulta la reinserción social, perpetuando así ciclos de delincuencia.
Frente a esta compleja realidad, se requieren respuestas integrales. En primer lugar, es urgente fortalecer el sistema judicial, asegurando independencia, transparencia y celeridad, pues sin justicia no hay paz social. En segundo lugar, se impone una apuesta firme por la educación cívica y ética, incorporada en todos los niveles educativos para formar ciudadanos responsables.
Asimismo, es necesario exigir mayor responsabilidad institucional en los sectores de salud, educación y servicios públicos, mediante mecanismos de supervisión y sanción efectivos. La calidad en la gestión no es opcional, sino esencial para la convivencia pacífica. En el ámbito penitenciario, se hace necesaria una reforma orientada a la rehabilitación, con programas de formación y acompañamiento.
Finalmente, se debe promover una cultura del respeto y del cumplimiento de la ley como compromiso común. Como advierte Hannah Arendt, la violencia surge cuando el poder legítimo se debilita. Recuperar ese poder, basado en la justicia y la confianza, es el gran desafío.
Solo así será posible transformar la violencia en una cultura de legalidad, respeto y desarrollo sostenible para todos. Sin justicia, el orden se desvanece y la violencia se impone.