Cuando a finales de 2025 el Listín Diario advirtió sobre el inminente vacío de poder que se aproximaba en Haití, anticipando con precisión el fracaso del proceso electoral de febrero de este 2026, no hizo más que poner el dedo en una llaga que no ha parado de sangrar.
A día de hoy, esa misma herida sigue abierta y en estado de putrefacción, mientras el país colindante se encamina hacia la ilusión de unas elecciones presidenciales fijadas para el próximo 30 de agosto.
La realidad, puesta en blanco y negro, nos devuelve a la misma intersección: la imposibilidad de montar un enredo electoral sobre un territorio dividido y bajo el control absoluto de las bandas criminales.
Lo tratado aquí no es cuestión de pesimismo, sino de una firmeza positiva. El patrón de febrero se repite hoy de forma casi idéntica, basado en tres situaciones inevitables.
El acierto de los pronósticos previos de este diario radicó en una deducción básica que aconsejaba no dejarse embobar por los calendarios electorales de escritorio firmados por las autoridades haitianas y en las placenteras oficinas de la comunidad internacional, ignorando las variables físicas del terreno.
Para votar el próximo 30 de agosto, el aparataje logístico, como empadronamiento, depuración del censo, capacitación y distribución de material, debió arrancar hace meses.
Hasta este lunes, 1 de junio, nada de esto ha ocurrido allí. Para recordatorio, fue la inseguridad extrema lo que abortó el proceso de febrero, comportándose de nuevo hoy como el mismo verdugo que amenaza la fecha del 30 de agosto.
Fils-Aimé lo confiensa
El elemento que termina por enterrar cualquier mínimo asomo de posibilidad electoral proviene del propio primer ministro provisional, Didier Fils-Aimé, que recién acaba de condicionar la celebración de los comicios a la supresión total de las bandas armadas.
Esta declaración constituye una abierta confesión de claudicación, un «manos arriba», un reconocimiento implícito de que el soñado 30 de agosto ya es fecha muerta, lista para el funeral de las elecciones.
Entendámoslo bien, porque si la condición para votar es el fin de las pandillas, entonces el ministro está firmando la suspensión indefinida de las elecciones.
A más de eso, es bien sabido que Haití carece de fuerza en hombres, preparación y armas de calibre para doblegarlas, lo que sí poseen los grupos violentos. No hay señales de batalla, solo palabras, retórica vacía, mientras las pandillas salen, matan y ganan espacios cuando se les antoja.
A escasos tres meses de la fecha límite para los comicios, el primer ministro ni siquiera ha promulgado el decreto electoral revisado, una pieza clave que define candidaturas, organización de mesas y plazos.
Sin ese marco legal, el Consejo Electoral Provisional (CEP) tiene las manos atadas. Esto último va a desatar tremendo lío político en Haití, porque esta parálisis nada más y nada menos que conviene para prolongar el mandato del equipo que gobierna de manera interina, y el estado de emergencia surgirá como alegato de siempre.
Tras el repliegue de los últimos contingentes de la Misión Multinacional liderada por Kenia, el desabastecimiento financiero, la escasez de suministros y el impacto inflacionario en los combustibles han inmovilizado la capacidad operativa de la Policía Nacional de Haití (PNH).
Medios haitianos y líderes políticos de diferentes corrientes ideológicas han declarado que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas sigue sin demostrar la capacidad de fuego y despliegue necesaria para recuperar el territorio.
También, sostienen que, ante la imposibilidad material de abrir centros de votación en zonas de guerra abierta como el norte de Puerto Príncipe, el Artibonite o la llanura de Cul-de-Sac, los escenarios futuros son alarmantes.
Un compendio de coincidencias sobre este problema coincide en que intentar celebrar comicios exclusivamente en los reductos geográficos donde el gobierno aún mantiene control parcial segregaría a millones de haitianos atrapados en zonas de conflicto.
También, que forzar la apertura de urnas en el contexto actual no solo sería un ejercicio de irresponsabilidad criminal, sino que deslegitimaría en su origen a cualquier gobierno resultante.
A tres meses de distancia de un nuevo vacío institucional en Haití, el trayecto hacia el 30 de agosto parece a una previsible fotocopia del colapso de febrero.