A los prestadores de servicio de salud del sector privados fueron transfirieron RD$361,472 millones entre 2010 y 2024, a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), RD$162,386 millones vía el Servicio Nacional de Salud (Senasa) en el régimen contributivo, y RD$73,801 millones por el régimen subsidiado.
El dato lo ofrece un estudio realizado por los investigadores Francisco Alberto Tavárez y Matías Bosch Carcuro sobre el Servicio Familiar de Salud.
En el informe, los estudiosos plantean que, desde 2010 a 2024, prácticamente el 90% de los recursos en el Régimen Contributivo (RC), tanto por parte de las ARS privadas como por parte del Senasa, se transfirieron a prestadores privados de servicios de salud, y de modo similar pasó con casi el 52.3% de los recursos en el Régimen Subsidiado (RS).
Exponen que «estos más de 73 mil millones de pesos, contabilizados de 2010 a 2024, debieron haber ido a los servicios en prestadores públicos, representando un financiamiento sustraído contra la Ley. En total, los montos destinados a sufragar servicios de salud a prestadores privados ascendió a RD$597,659 millones y a prestadores públicos solo RD$144,856 millones».
Apuntan que según los resultados de 2007 a 2025, las ARS privadas han tenido ingresos por el Servicio Familiar de Salud que alcanzaron un total de RD$573,132.6 millones, sobre cuya base han acumulado ganancias por RD$24,007.2 millones y gastos administrativos generales por RD$63,643.1 millones.
Agregan que esta absorción de recursos por intermediación financiera, de carácter rentista, se puede observar en un proceso a lo largo de los años, desde la aparición del SFS y las ARS privadas en funcionamiento desde 2007.
Exponen, además, que la reiterada experiencia del afiliado frente al permanente “no le cubre” no constituye una falla accidental del sistema, sino un mecanismo estructural de contención del gasto y maximización de rentas y que la fragmentación del catálogo de prestaciones, las exclusiones explícitas e implícitas, las glosas y la burocratización del acceso operan como instrumentos de disciplinamiento de la demanda, trasladando el riesgo f inanciero y sanitario desde las ARS hacia las personas y las familias.
En las conclusiones de la investigación se destaca que las ARS y los grandes prestadores privados controlan la información, los contratos y los flujos financieros, mientras el afiliado enfrenta un mercado opaco, con reglas móviles y con altos costos de transacción para hacer valer sus derechos.
Asimismo se expone que la restricción de coberturas no es un problema técnico, sino una condición necesaria para sostener la rentabilidad de la intermediación privada bajo un esquema de capitalización.
Reformar la ley 87-01
El estudio plantea que el uso creciente de recursos del Régimen Subsidiado, financiados en su totalidad por el Presupuesto General del Estado, para el pago de servicios privados constituye un trasvase estructural de fondos públicos hacia intereses, inversiones y empresas particulares.
Refieren que la reforma que se plantea a la Ley 87-01 de la Seguridad Social debe asegurar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, garantizando el derecho pleno a la salud de todas las personas, la inversión correspondiente al 5% del PIB en este sector, la recuperación y transformación de Senasa, y su compromiso con los servicios públicos.