En casi todas las grandes emergencias sanitarias mundiales, se pone de manifiesto una misma deficiencia del sistema financiero internacional. Al producirse una catástrofe, las instituciones creadas para dar apoyo a los países afectados tienen que salir a pedir fondos a toda prisa.
Hace doce años, cuando el virus del ébola asoló Guinea, Liberia y Sierra Leona, el mundo descubrió que el Fondo Monetario Internacional («bombero» de la economía mundial) no tenía instrumentos para ofrecer alivio de deudas durante una catástrofe de salud pública. Sí contaba con un mecanismo relacionado para la respuesta a crisis: el Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda después de una Catástrofe (FFADC), creado tras el devastador terremoto que se abatió sobre Haití en 2010. Pero una epidemia en veloz propagación era un tipo de emergencia totalmente diferente frente al cual el FFADC carecía de mandato para responder.
Sin embargo, la comunidad internacional se adaptó con una rapidez inusual. En noviembre de 2014, el entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, instó al FMI a condonar unos cien millones de dólares de la deuda de los tres países afectados por el ébola, y la entonces directora gerente del FMI, Christine Lagarde, propuso a los jefes de Estado del G20 un paquete de financiación adicional. En el plazo de tres meses, el FFADC se transformó. Se añadió a su mandato una nueva línea dedicada a la salud pública, y los recursos existentes se combinaron con fondos que quedaban de la anterior Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda; nació así el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), un mecanismo específico que permite a los países más pobres redirigir hacia la protección de vidas recursos fiscales que estaban destinados al pago de deudas.
Sin embargo, las tensiones fiscales que generó la pandemia de COVID 19 en todo el mundo agotaron casi por completo los recursos del FFACC, que ahora se encuentra desabastecido justo cuando estalla otra crisis de ébola. Hasta esta semana hay en la República Democrática del Congo (RDC) más de 2000 muertes confirmadas. Más allá de esa cifra, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el brote puede hundir a casi un millón de personas en la pobreza.
La RDC fue uno de los países que durante la pandemia de COVID 19 solicitó al FMI grandes préstamos para sostener su economía. Hoy tiene una deuda pendiente con el FMI de más de 3000 millones de dólares. Aunque todavía no usó toda su capacidad de endeudamiento con el Fondo, es probable que la combinación de encarecimiento del petróleo, desaceleración del crecimiento y, ahora, el ébola aumente sus necesidades de financiación. No necesitará sólo liquidez, sino también un alivio de sus obligaciones actuales.
El FFACC existe precisamente para eso. Pero sus recursos disponibles sólo llegan a 120 millones de dólares, mientras que en 2027, sólo la RDC debe pagar al FMI casi 300 millones de dólares en servicio de la deuda. El principal instrumento del Fondo para la ayuda en caso de catástrofes no cuenta con fondos suficientes para cubrir a un solo país que esté en esa situación, y mucho menos a los otros treinta que podrían solicitar asistencia.
Los países donantes ya han demostrado estar dispuestos a financiar alivios de deudas. Durante la pandemia de COVID 19, el FMI recibió 800 millones de dólares en contribuciones, y a pocos días del inicio de la pandemia, el Reino Unido y Japón se comprometieron a aportar 185 y 100 millones de dólares, respectivamente. Pero las sucesivas rondas de compromisos de los donantes, por muy bienvenidas que sean, sólo enfrentan los síntomas, no las causas. Cada vez que estalla una crisis sanitaria importante, el FMI tiene que pedir una vez más a sus accionistas la reposición de un instrumento diseñado específicamente para responder a perturbaciones recurrentes; eso provoca retrasos políticos en el funcionamiento de lo que debería ser un estabilizador automático y rápido.
Pero existe una solución mejor. El FMI posee unos 90,5 millones de onzas troy de oro, legado de la era de Bretton Woods en la que los países miembros pagaban sus cuotas con lingotes. Este oro figura en los libros contables a un costo histórico de 45 dólares por onza. Al precio de mercado actual (cercano a 4000 dólares por onza), representa una plusvalía no realizada de unos 357 900 millones de dólares.
En la situación actual, el oro del FMI no genera ingresos. Pero si se vendiera una pequeña fracción (de forma gradual, para no generar perturbaciones en los mercados), los ingresos se podrían usar para crear un fondo de dotación permanente con capacidad para financiar las ayudas del FMI por tiempo indefinido.
La propuesta es sencilla: vender una pequeña parte del oro del FMI (digamos, el 10 %), y destinar los ingresos a una cuenta de dotación permanente. Con una modesta rentabilidad anual del 3 %, similar a los supuestos de rendimiento en los que se basan otros instrumentos del FMI, un fondo de dotación de 35 800 millones de dólares puede generar más de mil millones de dólares al año a perpetuidad. Eso bastaría no sólo para financiar en su totalidad el FFACC, sino también para subvencionar toda la estructura de préstamos concesionales del FMI (el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad y cualquier instrumento sucesor), sin necesidad de que la institución tenga que volver a solicitar aportes a los donantes.
Vender oro para respaldar los préstamos concesionales no es una idea nueva. El FMI vendió 12,94 millones de onzas en 1999 y 12,97 millones en 2009 (casi tres veces más que lo que propone esta iniciativa). Durante el último año, han pedido una nueva venta de oro numerosos colectivos, entre ellos el V20, el G24, la Comisión del Jubileo y 165 organizaciones civiles.
El argumento es sencillo: una venta de oro no cuesta nada a los contribuyentes y no supone ninguna pérdida para el FMI; se limita a convertir un activo ocioso, ilíquido y que no devenga intereses en otro que genere una fuente de ingresos permanente para los países más vulnerables del mundo. Y hoy que los precios del oro están en niveles extraordinarios, se da una oportunidad óptima para hacer la conversión que tal vez nunca se repita.
Los críticos dirán que los estatutos del FMI exigen una mayoría cualificada del 85 % para la venta de oro, con lo que sería imprescindible (e incierto) el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Pero precisamente esta es una oportunidad para que Estados Unidos demuestre liderazgo. El ébola ya no es sólo una emergencia de los países africanos. Las últimas medidas del gobierno estadounidense frente al ébola demuestran que las autoridades reconocen que el virus es una amenaza universal, y que fortalecer la respuesta de la República Democrática del Congo protegerá a todo el mundo.
A tal fin, la RDC debe recibir un alivio de los próximos pagos al FMI, lo que le daría margen fiscal para centrar sus esfuerzos donde más importan: combatir la epidemia y ampliar la red de protección social. Además, hay que poner en marcha de inmediato una campaña de aportes de los donantes que permita reaprovisionar el FFACC. Al mismo tiempo, deben iniciarse negociaciones serias sobre una dotación en oro que permita resolver de una vez y para siempre la cuestión de la financiación del FFACC.
El FFACC se creó porque los líderes estadounidenses decidieron que el sistema financiero internacional no debía quedarse de brazos cruzados ante una catástrofe humanitaria. Fue una respuesta acertada en 2014 y debe volver a inspirar la acción en 2026.