La soberanía alimentaria representa la columna vertebral de la estabilidad económica y social de cualquier nación. Garantizar que un país alimente a su población a partir del esfuerzo y trabajo de sus propios productores es un pilar fundamental de la seguridad nacional. Sin embargo, bajo la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el país experimenta un peligroso retroceso que amenaza con desmantelar décadas de avance hacia la autosuficiencia productiva en el campo dominicano.Durante años, la producción agrícola y pecuaria sostuvo cerca del 80 % de la oferta de la canasta básica. Hoy, esa conquista histórica se diluye a una velocidad alarmante frente a un modelo que prioriza las compras externas. El valor total de las importaciones agropecuarias supera los 5,300 millones de dólares anuales, marcando un incremento sin precedentes que debilita el tejido productivo rural y transfiere la soberanía alimentaria a los mercados y proveedores internacionales. El caso del arroz es la alerta más severa de este proceso de degradación. Siendo el cultivo de mayor peso en la producción agrícola nacional —representando más del 30 % de las cosechas—, la arrocera camina aceleradamente a convertirse en una actividad amenazada por las importaciones. Este patrón de sustitución ya se ha consolidado en la producción pecuaria: la carne de cerdo local hoy apenas cubre el 46 % de la demanda interna, mientras que las importaciones de carne de pollo se han duplicado en los últimos años. Solo en carnes, la factura de importación supera cientos de millones de dólares.
Las consecuencias de esta política de importación desmedida son visibles en la economía familiar. La canasta básica es cada día más costosa como resultado directo del encarecimiento de los productos del campo. La falta de un apoyo integral a los productores locales —afectados por el alza en los insumos, la falta de financiamiento y la competencia desleal de contingentes importados— reduce la oferta nacional y encarece los alimentos de primera necesidad. El consumidor termina pagando precios inflados por bienes que antes se producían de forma abundante en suelo patrio.
Detrás de este viraje en la política agropecuaria existe una clara asimetría. Mientras los agricultores y criadores locales abandonan sus explotaciones al no poder cubrir sus costos, un sector reducido de importadores vinculados y aliados al entorno gubernamental incrementa sus ganancias. La sustitución del fomento agrícola por la concesión masiva de licencias de importación genera un modelo económico extractivo que concentra la riqueza en pocas manos a expensas del empobrecimiento y abandono del campesinado.
Un país que no produce lo que consume pierde la facultad de decidir sobre su propio destino. El deterioro de la autosuficiencia alimentaria bajo la administración actual exige un viraje inmediato hacia el rescate y la protección del campo. Fortalecer a los cultivadores de arroz, a los avicultores y a los porcinocultores no es solo una medida de justicia económica, sino la única vía para frenar la inflación alimentaria y devolverle al país la soberanía que le ha sido sustraída.
El PRM debe frenar este despeñadero que originó Hipólito Mejía y continúa con la actual administración.