A 62 años de la proclamación de la Constitución del 29 de abril de 1963, prohijada por el líder democrático Juan Bosch, abordamos hoy los inquietantes acontecimientos que subyacen en su origen y caída.
En años anteriores, hemos realizado paralelismos jurídicos-políticos para explicar ese claroscuro de la historia dominicana desde la perspectiva de la teoría alemana de la desafección constitucional de las élites intelectuales, encabezadas por Carl Schmitt y Rudolf Smend, que dio al traste con la Constitución de Weimar, de 1919 y la República Federal.
Pero, ahora acudimos al método histórico para construir una retrospectiva local de los sucesos que matizaron la Asamblea Constituyente que aprobó la Carta Política de 1963, la cual representa el antecedente más arraigado del actual Estado Social.
Bosch ganó las elecciones presidenciales del 20 de diciembre de 1962 en forma abrumadora. Alcanzó 59,53% de los votos. El PRD obtuvo una victoria aplastante en el Congreso con 22 senadores de 27 y 49 diputados de 74. Esa mayoría decisiva permitía aprobar una nueva Constitución sin el apoyo de la oposición política.
Desde el triunfo del prócer de las letras y la política, la cuestión constitucional pasó a ocupar el centro del debate, en virtud de que la Constitución de 1962, promulgada por el Consejo de Estado, establecía que la Cámara de Diputados era el órgano encargado de elaborar la nueva Constitución.
La mayoría perredeísta de los diputados convertida en Asamblea Constituyente empezó los trabajos el 25 de enero de 1963, un mes antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Las labores duraron tres meses y en ese breve período los debates constitucionales minaron las bases del nuevo gobierno.
Las discrepancias sobre el proyecto de reforma profundizaron las contradicciones sociales, expresadas durante el proceso electoral, no solo entre las fuerzas políticas opositoras y el oficialismo perredeísta, sino también entre el gobierno y poderes fácticos como la iglesia católica y el sector empresarial.
El escritor bochista Farid Kury afirma “que no hubo de parte del PRD disposición para buscar el consenso para posibilitar una nueva Constitución con más legitimidad; pero tampoco la oposición política, ni los poderes que se habían opuesto resueltamente al triunfo de Bosch, como los empresarios y la iglesia católica, demostraron interés en participar en el nuevo texto”. De manera que, en lugar de servir para disminuir las contradicciones surgidas en el proceso electoral, los debates constitucionales fueron caldo de cultivo para agravarlas y tensarlas.
No hubo puntos de avenencia, las fuerzas políticas, religiosas y empresariales opuestas al proceso constitucional se empeñaron en resaltar los aspectos conflictivos.
Para esos sectores eran inaceptables temas como la socialización de la propiedad privada, la configuración constitucional de los sindicatos en las industrias y el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas.
Un tema que provocó encono entre las élites empresariales fue la prohibición a los extranjeros adquirir tierras rurales, así como a recibir concesiones para la explotación de recursos naturales en territorio dominicano. Eso fue denunciado como un “nacionalismo económico” negativo para la atracción de capitales extranjeros.
En términos generales, para los empresarios, la Constitución de Bosch ignoraba sus intereses y sólo beneficiaba a los obreros y trabajadores.
Otro colectivo que vio con escepticismo y desconfianza la Constitución fue la iglesia católica, de notable influencia social y espiritual en el pueblo dominicano.
El artículo 19 establecía que, “el sistema escolar está sujeto a la organización y supervisión del Estado”. Y añadía que “en los establecimientos particulares solamente los padres, tutores o encargados de la educación del niño tienen el derecho de decidir si a éste se le instruirá o no en los principios de una religión”. La iglesia, que administraba colegios privados, interpretó ese aspecto como que se le privaba de la libertad de cátedra para definir la orientación religiosa en sus aulas.
Igualmente, generó fricciones con los sacerdotes el texto constitucional que eliminó la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos nacidos dentro o fuera del matrimonio, como se consideraba anteriormente.
La Carta Política no proponía eliminar el Concordato suscrito entre el régimen de Trujillo y el Vaticano, pero el hecho de que no mencionarlo fue motivo de rechazo de parte del clero católico, que consideraba que con esa circunstancia lo que se buscaba era disminuir su influencia en la sociedad. Es decir, se trataba de un asunto fundamental para la iglesia, que de por sí era contraria a Bosch y al PRD.
La nueva Constitución fue apoyada por organizaciones de trabajadores, populares y estudiantiles. Pero tímidamente. No actuaron en su defensa con la vehemencia que lo hicieron sus adversarios, la iglesia católica y los hombres de empresas, quienes lograron crear un clima hostil a la reforma. Ni siquiera el PRD elaboró una política de opinión pública para defenderla.
La Constitución, promulgada el 29 de abril de 1963, en vez de fortalecer el pacto nacional, dividió la sociedad y abonó el camino para el golpe de Estado, que vendría meses más adelante.