Toda investigación comienza con una pregunta
En el mundo de la investigación criminal, hay una hipótesis que se formula desde el primer momento: ¿a quién beneficia el crimen? No es solo una pregunta técnica, es una clave para descifrar el móvil, la intención y al responsable. Esa misma lógica puede aplicarse hoy, cuando un hecho atenta contra la libertad de prensa en nuestro país.
Un intento de silenciar una verdad incómoda
Hace pocos días, Listín Diario fue objeto de un intento de censura digital por parte de una empresa extranjera: Network Solutions, con sede en Estados Unidos. Esta entidad —una de las más antiguas registradoras de dominios web— dio un plazo de 48 horas para eliminar una noticia publicada el 22 de marzo de 2024, en la que Lisandro Macarrulla hijo admite su participación en el caso de corrupción vinculado a la construcción de la cárcel de Las Parras.
La amenaza fue clara: si no se eliminaba el contenido, el portal del periódico corría el riesgo de ser suspendido. No fue un error del sistema. Alguien gestionó esa censura. Alguien hizo la solicitud. Y alguien quiso borrar una verdad incómoda.
¿Cuál es el crimen?
El crimen es intentar silenciar la verdad, impedir que un medio de comunicación cumpla su función de informar, y usar una plataforma digital extranjera para borrar una información pública, verificada y de interés colectivo. Cuando se atenta contra el derecho del pueblo a saber, estamos frente a un crimen contra la democracia.
Una verdad sustentada en la justicia
Lo más grave del caso es que la noticia no provenía de una filtración ni de una especulación. Era una cita directa, tomada de un expediente judicial oficial. Publicarla fue un acto de responsabilidad periodística, no un exceso. Intentar borrarla, en cambio, fue un atentado contra el derecho a la información y la memoria histórica.
Y entonces, desde la lógica investigativa, cabe la pregunta: ¿Quién tenía interés en que esa noticia desapareciera? ¿A quién beneficiaba silenciar ese contenido específico, en ese momento, y a través de esa vía?
No se trata de un problema técnico
Algunos pueden querer reducir esto a un conflicto entre proveedor y cliente. Pero no lo es. Estamos frente a una nueva forma de censura, donde no se bloquea al periodista, sino al servidor. Donde no se ataca una idea, sino el acceso a toda una plataforma de información.
Y eso lo vuelve más peligroso. Porque se hace sin escándalo, sin ruido, sin resistencia. Solo basta una orden a una empresa extranjera —como Network Solutions, parte del conglomerado digital Newfold— para intentar desaparecer una verdad del espacio público.
La justicia dominicana no puede quedar al margen
No basta con migrar el servidor o emitir un comunicado. Es necesario identificar quién solicitó esa eliminación, con qué argumentos y en nombre de quién. Porque lo que está en juego aquí no es solo un artículo de prensa: es la soberanía informativa de un país entero.
La Constitución dominicana protege la libertad de expresión y el acceso a la información veraz. Y si permitimos que se impongan censuras desde fuera, estaremos renunciando a esos derechos sin defenderlos.
Entre tú y yo
Este crimen no fue contra un periodista ni contra un medio. Fue un intento de silenciar a más de 10 millones de dominicanos. De impedirles el derecho a conocer una verdad pública, sustentada en un expediente judicial. Intentaron apagar una voz que lleva 135 años informando al país.
Y si para evitar eso hay que escribir con firmeza, aquí estoy. Porque no solo escribo artículos: defiendo el derecho de informar la verdad.
joaquinjoga@gmail.com