La Comisión Europea (CE) y las autoridades nacionales de la Unión Europea han urgido este lunes a la plataforma digital china Shein a respetar las normas comunitarias de protección al consumidor.
La UE está investigando una amplia gama de prácticas de Shein que infringen su legislación como los falsos descuentos, la presión a los consumidores para que completen sus compras o las etiquetas engañosas, ha explicado la CE en una nota.
Shein dispone ahora de un mes para responder a las conclusiones sobre las prácticas que Bruselas cree contrarias a las leyes comunitarias y proponer compromisos sobre cómo abordar los problemas identificados en la legislación de consumo, de acuerdo con la nota.
«Hemos estado colaborando de manera constructiva con las autoridades nacionales de consumidores y con la Comisión Europea para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y normativas de la UE, y seguimos implicados en este proceso para abordar cualquier preocupación», indicó Shein en un comunicado.
Añadió que su prioridad «sigue siendo garantizar que los consumidores europeos disfruten de una experiencia de compra en línea segura, fiable y satisfactoria».
La petición de la UE tiene lugar tras una investigación coordinada a nivel europeo por la llamada Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC por sus siglas en inglés).
Bruselas precisó que la acción de la red CPC está liderada por las autoridades nacionales competentes de Bélgica, Francia, Irlanda y Países Bajos, bajo la coordinación de la Comisión Europea.
«Shein continúa bajo investigación y se le solicitó que proporcionara más información», según la CE.
El pasado febrero Bruselas anunció el inicio de una investigación a la plataforma de comercio electrónico china para determinar si ha incurrido en prácticas desleales e injustas, contrarias a la legislación comunitaria.
La Comisión ha precisado hoy sobre los falsos descuentos que consisten en simular mejores ofertas mostrando reducciones de precios que no se basan en las tarifas reales anteriores.
Además, ha constatado que la plataforma presiona a los consumidores para que completen sus compras mediante tácticas como plazos de compra falsos.
También le acusa de emplear información incorrecta y engañosa, que muestra por un lado datos incompletos o que dan pie a engaño sobre los derechos legales de los consumidores a devolver productos y recibir reembolsos; y de no procesar las devoluciones y los reembolsos de acuerdo con los derechos pertinentes de los consumidores.
También critica el uso de etiquetas que sugieren que el producto ofrece algo especial cuando, de hecho, la característica relevante es obligatoria por ley.
Asimismo, Bruselas indica que incluyen declaraciones engañosas de sostenibilidad de sus productos y que hay «datos de contacto ocultos» por lo que los consumidores no pueden interactuar fácilmente con Shein para preguntas o quejas.
La UE además ha pedido información para evaluar el cumplimiento de otras obligaciones, como la de garantizar que las clasificaciones, reseñas y valoraciones de los productos no se presenten de forma engañosa.
La red también está investigando si Shein informa a los consumidores sobre cómo se reparten las obligaciones contractuales entre un vendedor externo y la empresa china, y si los derechos de los consumidores no se aplican al contrato cuando el vendedor externo no es un comerciante.
La medida de cumplimiento anunciada complementa la investigación en curso sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) que lleva a cabo la Comisión.
Ambas medidas tienen como objetivo, ha precisado la Comisión, «garantizar un entorno en línea seguro y fiable donde los derechos de los consumidores en Europa estén plenamente protegidos».
En función de la respuesta que de Shein, la red CPC podría iniciar un diálogo con la empresa.
Pero si no aborda las preocupaciones planteadas, Bruselas ha advertido de que las autoridades nacionales podrían adoptar medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento, incluida la posibilidad de imponer multas basadas en la facturación anual de Shein en los Estados miembro afectados.