Asumiendo que se cumplirán los acuerdos alcanzados en la reciente Cumbre del Presidente Luis Abinader junto a los ex Presidentes, se supone que muy pronto será convocado el Consejo Económico y Social (CES) para debatir, de forma amplia y multisectorial, una política migratoria que pueda traducirse en un verdadero compromiso de país.
La intención parece loable, pues se busca poner sobre la mesa un tema crucial para el presente y futuro de la República Dominicana, que toca aspectos de soberanía, derechos humanos, seguridad, desarrollo y convivencia. Sin embargo, la experiencia y la prudencia nos obligan a ir más allá de la buena voluntad. No basta con convocar, resulta imperativo dotar de legitimidad, método y transparencia cualquier intento de diálogo nacional sobre un tema tan sensible y a veces controversial, como lo es el tema migratorio.
El fracaso de convocatorias anteriores del CES —como ocurrió con la docena de reformas que quiso implementar el Presidente Luis Abinader al inicio de su mandato— no fue por falta de urgencia de los temas, sino por la falta de claridad en el método y por la existencia de agendas paralelas que boicoteban el proceso de diálogo. Las expectativas vagas, la documentación incompleta y la improvisación metodológica derivan fácilmente en desconfianza, parálisis o manipulación. En el caso migratorio, estos errores no serían solo estratégicos, serían altamente peligrosos.
Los temas que tocan la soberanía movilizan emociones profundas, apelan a identidades colectivas, generan tensiones entre sectores sociales y activan mecanismos de defensa nacional que muchas veces resultan en extremismos, acuñando el miedo o el odio, la xenofobia o la negación. Por eso, toda discusión sobre política migratoria requiere reglas claras, información confiable y una narrativa común de respeto institucional.
Otros países de la región muestran lo riesgoso que puede ser enfrentar estos desafíos sin consensos reales. Colombia, por ejemplo, vivió profundas fracturas sociales cuando intentó, mediante un proceso de negociación y luego un referéndum, consensuar un modelo de acuerdo para la desmovilización de las FARC. El rechazo al acuerdo inicial no solo representó una derrota técnica, sino una crisis emocional y política que dejó cicatrices duraderas. En Venezuela, el intento de usar el diferendo del Esequibo como factor de cohesión nacional terminó en un conflicto de legitimidades, sin diálogo abierto ni instituciones confiables, la causa soberana fue instrumentalizada electoralmente y dividió aún más al país.
La República Dominicana no debe recorrer ese camino, por ende, si el CES será la plataforma para este pacto, el Gobierno y los actores convocantes deben asumir con responsabilidad al menos tres condiciones previas: diseñar un método público y vinculante de discusión, con tiempos definidos, criterios de aprobación, mecanismos de seguimiento y garantía de cumplimiento; asegurar el acceso a toda la documentación relevante, especialmente el análisis jurídico-constitucional y; garantizar una participación plural e intergeneracional, que incluya organizaciones juveniles, académicas, empresariales, sindicales, comunidades religiosas y actores territoriales.
Sin método no hay diálogo, sin pluralidad no habrá legitimidad y sin información no hay decisión racional y sostenible. La construcción de un Pacto Nacional sobre el asunto migratorio requiere más que discursos, requiere de un método, de una conversación real, de coraje democrático y compromiso con la verdad.