Las nuevas directrices publicadas en junio de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) han generado tanto expectativas como preocupaciones en República Dominicana, un país clave en el comercio caribeño.
Tras una orden ejecutiva del presidente Trump en febrero que ordenó una revisión estratégica del enfoque anticorrupción de su Gobierno, el DOJ ha reformulado sus prioridades de aplicación de la ley, enfocándose ahora en casos vinculados a la seguridad nacional, el fraude deliberado o la corrupción sistémica.
Para República Dominicana, que recibe más de US$4,200 millones anuales en inversión extranjera directa desde Estados Unidos, esta recalibración podría suponer un alivio regulatorio. Pero solo será beneficiosa si el nuevo enfoque estadounidense garantiza claridad y coherencia, algo que el jurista y crítico del FCPA, Mike Koehler, viene reclamando desde hace años.
Durante décadas, el FCPA ha condicionado la forma en que operan las empresas estadounidenses en el país, especialmente en sectores estratégicos como el turismo, la energía y la infraestructura.
Según las nuevas directrices, todo caso de posible violación a esta ley deberá ser aprobado por altos funcionarios del DOJ, y se dará prioridad a las infracciones que realmente alteren los mercados, como sobornos para obtener concesiones portuarias o fraudes en cadenas de suministro crítica. Esto podría reducir la carga de cumplimiento para empresas estadounidenses que operan en Santo Domingo, Santiago o Puerto Plata, y alentar una mayor inversión.
Un nuevo enfoque comercial
Mike Koehler, profesor de Derecho en la Universidad del Sur de Illinois y una de las voces más reconocidas sobre el FCPA, ha argumentado que la aplicación excesivamente amplia de esta ley ha penalizado a empresas por errores técnicos menores, como registros contables vagos o gastos de representación—en lugar de enfocarse en la corrupción real.
En República Dominicana, donde las zonas francas y el desarrollo turístico dependen en gran parte de capital estadounidense, ese tipo de sobre-regulación ha disuadido acuerdos y frenado proyectos importantes.
El nuevo énfasis del DOJ en evitar “impactos económicos colaterales” refleja las recomendaciones de Koehler de no castigar a empresas legítimas que cometen errores administrativos menores.
Para un país que busca ampliar sus exportaciones, valoradas en más de US$18,000 millones en bienes y servicios, dentro del tratado de libre comercio DR-Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), esta visión más práctica puede ser una buena noticia.
Pensemos en una empresa estadounidense que evalúa instalar una planta de producción en Santiago. Bajo la normativa anterior, un solo pago dudoso a un funcionario aduanero podría haber desencadenado una investigación de varios años por parte del DOJ. Ahora, al limitarse a actos de mala fe con efectos reales en el mercado, el Gobierno estadounidense podría generar mayor seguridad jurídica y atraer inversión hacia sectores como logística, energía renovable y agroindustria.
El desafío: Claridad normativa
Sin embargo, Koehler advierte que una aplicación selectiva no basta sin reglas más claras. República Dominicana ha avanzado en reformas anticorrupción, como la promulgación de la Ley de Contrataciones Públicas de 2020, pero aún enfrenta serios desafíos.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el país se ubica en la posición 137 de 180.
Un FCPA más focalizado podría complementar estos esfuerzos locales si se aplica con precisión.
Pero, ¿qué tan real es el cambio? Informes de firmas internacionales como TRACE International y el blog FCPA Professor de Koehler indican que las acciones legales bajo esta ley cayeron más de un 50% en la primera mitad de 2025.
¿Fueron esos casos poco relevantes, o se están dejando de lado investigaciones importantes? Para los empresarios dominicanos que buscan alianzas éticas y para funcionarios comprometidos con limpiar el sistema, esta ambigüedad es un riesgo.
Además, términos legales clave como “funcionario extranjero” siguen siendo confusos.
En muchos casos, esta categoría incluye a empleados de empresas estatales, lo que afecta a múltiples sectores dominicanos. Koehler ha propuesto que se incorpore una “defensa de cumplimiento”, es decir, que las empresas con sistemas robustos de prevención de sobornos puedan demostrar su buena fe, una medida que ayudaría a las empresas dominicanas a alinearse con estándares internacionales y atraer inversión responsable.
Pero las nuevas directrices siguen dependiendo en gran parte del juicio político de altos funcionarios del DOJ. Si bien eso puede evitar abusos, también deja abierta la puerta a una aplicación selectiva según intereses estratégicos. En muchos casos, lo que más desalienta a los inversionistas extranjeros no es la corrupción local en sí, sino la incertidumbre jurídica y la aplicación errática de normas extranjeras.
Un socio comercial con interés propio
El FCPA sigue vigente, pero su nueva orientación podría reconfigurar el comercio entre República Dominicana y Estados Unidos. Si se aplica con precisión y enfoque en el riesgo, tal como propone Koehler, podría reducir los costos regulatorios, fomentar la inversión y apoyar la integración económica del país.
Pero si no se aclaran sus definiciones, umbrales de aplicación y garantías de debido proceso, esta reforma podría convertirse en un sistema inconsistente que debilite los avances nacionales en transparencia.
La comunidad empresarial dominicana observa con atención. Si se implementa correctamente, el cambio en el FCPA puede ayudar a posicionar a República Dominicana como un destino de inversión ética bajo el paraguas del DR-Cafta.
Pero si la aplicación de la ley se vuelve política o impredecible, podría terminar fortaleciendo las mismas prácticas corruptas que se busca combatir.
Estados Unidos debe tomar en serio el llamado de Koehler a una mayor claridad legal, si desea que esta reforma beneficie tanto a sus socios como a su propia credibilidad internacional.