Acceder a una vivienda de bajo costo no es tan fácil como lo pintan, a pesar de los esfuerzos que desde el Gobierno se realizan para que familias con escasos recursos puedan tener su techo propio.
El financiamiento y las altas tasas de interés aplicadas a los préstamos hipotecarios se han convertido en un serio obstáculo para quienes se involucran en un proyecto o es “beneficiado/a” con una unidad habitacional del Programa Vivienda Feliz o Mi Vivienda.
“Mucha gente ha tenido que aceptar préstamos con cuotas que no pueden pagar solo para no perder la inversión inicial. Algunos, a pesar de que el Banco Central ha liberado recursos para viviendas de bajo costo, nunca pudieron acceder a esos fondos. Yo fui una que solicité a varios bancos que me dijeron que tenían fondos del encaje, y cuando me aprobaban el financiamiento me decían que ya se agotaron, que tenía que tomarlo a la tasa normal”, cuenta Angelina Santos a Listín Diario.
Refiere que calificó para un proyecto de bajo costo y con mucho sacrificio pagó su inicial, pero que a la hora de buscar el financiamiento se encontró con varias situaciones. Primero que el aumento de la tasa del dólar le había elevado el precio del apartamento en casi un millón de pesos, lo que le obligaba a financiar un monto mayor al estimado. Segundo, que aunque en algunos bancos le habían ofrecido tasas de 10% fija a siete años, con los fondos del encaje, luego de aprobado el préstamos le decían que ya se habían terminado. “He visto mucha gente perder el dinero de la separación de la vivienda y hasta una buena parte del inicial por no lograr el financiamiento, y otras que terminan aceptando cuotas que sobrepasan su capacidad de pago”, explica Angelina.
Historial crediticio
La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruíz, señaló que un levantamiento realizado al universo de 600,000 solicitudes de crédito del Programa Familia Feliz y el 72% carecía de buró de crédito.
La ejecutiva de la ABA explicó que fruto de este levantamiento han contratado una empresa para generar una score crediticio de data alternativa para para no bancarizados que toma en cuenta indicadores no convencionales como el pago de servicio telefónico y de servicios básicos.
Puntualizó que esta data alternativa será suministrada a los bancos para facilitar la predictibilidad y el perfil de riesgo de ese cliente o familia.
Como otra iniciativa y como parte de la meta 2036, Ruiz señaló la creación de un fideicomiso público y privado para mitigar el 50% del riesgo para financiamiento a las MIpymes, a las vivienda de bajo costo, las finanzas climáticas y capital humano.
Otro punto con el que están trabajando, dijo Ruíz, es con el largo plazo que es muy costoso desde el punto de vista del riesgo financiero y por eso trabajan un piloto para estandarizar préstamos hipotecarios y combinarlos con flujos de otras carteras.
Medidas no han sido suficientes
La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Annerys Meléndez, sostuvo que las medidas tomadas por el Banco Central para dinamizar el sector construcción han sido acerrtadas pero no suficientes y expuso que existe una gran dificultad para las familias dominicanas acceder a una vivienda, por las altas tasas de interés que limitan su capacidad crediticia y por los altos precios de las viviendas debido a la inflación en los materiales de construcción.
“Desde Acoprovi proponemos políticas de incentivo constante a la viviendas, en lugar de ser coyunturales y efímeras, como el Bono tasa (para tasas reducidas y estables) y el Bono Vive Feliz (para el alquiler de viviendas asequibles), y también proponemos las Hipotecas Compartidas, para que se sume la capacidad crediticia de todos los integrantes de las familias”, apuntó.
Desde Acoprovi proponemos políticas de incentivo constante a la viviendas, en lugar de ser coyunturales y efímeras, como el Bono tasa (para tasas reducidas y estables) y el Bono Vive Feliz (para el alquiler de viviendas asequibles), y también proponemos las Hipotecas Compartidas, para que se sume la capacidad crediticia de todos los integrantes de las familias con una titularidad compartida.
Explicó que estas medidas no dependerían de partidas presupuestarias y permitirían que las familias no tengan que devolver las unidades porque no puedan costear los cambios en tasas y los altos precios.