Ojalá el día elegido para el despliegue de la Gang Suppression Force fuera una broma. No lo es. Es algo peor: un déjà vu.
El primero de abril de 2026 desembarcarán en Puerto Príncipe los primeros soldados del contingente de Chad, vanguardia de la recién bautizada Gang Suppression Force. No se trata de un pez de abril, tampoco una ironía involuntaria. Hay un macabro presagio de que todo cambiará para que nada cambie.
Esta misión llega envuelta en el mismo lenguaje y la misma arquitectura jurídica que avaló la MINUSTAH: el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el mismo que en 2004 consagró trece años de intervención a un costo de más de 7,500 millones de dólares, al cabo de los cuales Haití quedó con cólera, más pandillas y menos Estado. Han cambiado las siglas —antes en francés, ahora en inglés, como si el idioma del fracaso fuera el problema—: la MINUSTAH se convierte en GSF, la BINUH en UNSOH. Los niños nacidos de las violaciones de los cascos azules fueron llamados «Petit Minustah». ¿Habrá que llamar ahora a sus sucesores «Small Gangs»? Y como entonces, el Tridente Imperial —Estados Unidos, Francia, Canadá— permanece discretamente detrás del telón, verosímilmente moviendo los hilos de siempre. En 2004 la ONU necesitaba a Haití para reconstruir una virginidad institucional perdida al no haber podido frenar la invasión de Iraq. En 2026, incapaz de frenar una nueva guerra en Oriente Medio ni los conflictos en Ucrania, el Sahel y Gaza, lo necesita de nuevo. Tratándose de un nuevo pero viejo capítulo cabe preguntarse si habrá otro terremoto, varios huracanes, contagio de nuevas enfermedades, ONG’s que migran masivamente hacia Haití y bloqueos navales. El haitiano de a pie seguirá refugiándose a oriente de la Hispaniola.
Esta nueva intervención se recicla bajo la apariencia de la cooperación Sur-Sur pero emplea contingentes con expedientes oscuros e impunidad garantizada.
Entre ellos Chad, cuyo arribo fue aclamado recientemente en Dajabón con bombos y platillos, vinculado a la masacre de 30 civiles en Bangui, capital de la República Centroafricana (2014), abusos sexuales en Malí y contubernio con bandas locales. Benín, registrado en informes de la ONU con numerosas denuncias de abuso sexual en 2015 y Bangladesh, que incluye miembros de la unidad RAB, acusada por HRW y Amnistía Internacional de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En este escenario, resulta incomprensible el protagonismo del Canciller dominicano. Al abandonar nuestro rol natural de cautela tras el telón para ejecutar un guion ajeno, la República Dominicana arriesga su reputación y seguridad. Si se repitieran las violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado, quedaríamos innecesariamente vinculados a las consecuencias de este error diplomático.
Con Haití, la comunidad internacional lleva más de un siglo repitiendo el gesto de Sísifo: intervenciones, resoluciones, acrónimos nuevos, promesas renovadas, y la misma piedra en el mismo barranco. Esta vez la República Dominicana se ha metido en la ecuación, sin que el interés nacional lo justifique.