Hasta marzo de 2026, el gobierno destinó más de 897 millones de pesos y 2,185,617 dólares en alquileres de almacenes para instituciones públicas. Desde el archivo de documentos y el almacenamiento de activos fijos hasta la custodia de cajas navideñas y mercancías de donación para personas de escasos recursos, la lista de los fines para los que han sido contratados estos depósitos es variada.
Listín Diario accedió a una lista de 93 procesos suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y la Contraloría de la República, de los cuales 18 se repetían en ambas instituciones. Aunque fueron solicitados los contratos activos hasta marzo de 2026, algunos de los acuerdos enviados son extemporáneos y otros, resultados de nuestra propia búsqueda, estaban “cerrados” o sin información, por lo que estos últimos no fueron incluidos en el recuento.
El proceso de excepción parece más la norma que una singularidad entre las modalidades de contratación. La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas cita en el numeral 18 de su artículo cinco que “excepciones a los procedimientos ordinarios son las contrataciones que, por las circunstancias del caso o la naturaleza especial de éstas, justifican exceptuar la aplicación de los procedimientos ordinarios de selección, ya sea mediante una reducción de los plazos previstos o mediante una limitación de la competencia”.
Sin embargo, se hicieron 58 de estos procesos bajo esta modalidad, en su mayoría por “exclusividad”, es decir, contrataciones de aquellos bienes, servicios y obras que por su especialidad solo pueden ser suplidos por un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento.
Las contrataciones de bienes o servicios que solo pueden ser suplidos por una determinada persona física o jurídica se engloban bajo “proveedores únicos”. De estos se registraron 44.
En su mayoría, estos locales alquilados son utilizados para el almacenamiento, pero también como oficinas y espacios para administrar suministros, insumos, materiales y activos fijos. No obstante, también se han arrendado para dispensar combustible, para parqueos y como centro técnico.
Instituciones con más de un alquiler
El Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) es el que más contratos tiene: 8, los cuales parten de RD$396,480 hasta RD$2,257,677. El total de los montos contratados cumple con el monto estimado propuesto para este proceso: RD$8,385,324.48.
Aunque la legislación plantea que en casos como este, proceso de excepción bajo la modalidad “exclusividad”, los proveedores en ningún caso podrán ser más de cinco, este tiene ocho (cada uno distinto), incluyendo entre ellos un templo, con el fin de “servicio de alquiler de inmuebles para centros de salud de atención primaria, supervisiones de áreas de salud y almacenes del SRSO”.
Todos estos contratos están pautados para finalizar entre abril y mayo de 2027, pero varios de ellos llevan años suscritos, algunos desde el 2015, según el informe justificativo de exclusividad que emitió el propio SRSO.
“La continuidad del uso de estos espacios permite evitar la disrupción de servicios ya consolidados, evita incurrir en nuevos gastos de adecuación o traslado, y garantiza la operatividad inmediata bajo la logística que se ha venido desarrollando por años”, agrega el documento para justificar su suscripción.
Además del SRSO, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S.A. (Edenorte) y el Ministerio de Educación (Minerd) son las entidades que siguen la lista, con seis procesos cada una. Sin embargo, en el caso del Minerd solo uno de los seis procesos pudo ser encontrado en la plataforma de datos abiertos “DataCompras” de la DGCP. Sobre el resto, uno de los proveedores no aparece; otro tiene un solo contrato suscrito con la entidad, pero la carátula no coincide; y los tres proveedores restantes no tienen contratos registrados.
También está el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP). La DGCP incluyó cinco procesos, pese a estar inactivos por la expiración de los contratos entre 2024 y 2025.
Beneficiarios o proveedores con más de un alquiler
Dos son los beneficiarios o proveedores con mayor número de contratos según los datos ofrecidos por el órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de bienes, obras y servicios del Estado dominicano: Express Trailer Services ETS SRL y Grupo Ovalles SRL.
Bajo “compras menores” y “compras por debajo del umbral”, la mipyme Express Trailer Services ETS SRL, que ofrece almacenes y oficinas móviles, tiene tres contratos de arrendamiento de furgones en el PSAP Metro del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
Grupo Ovalles SRL tiene igual número de contratos que el anterior, todos con el PASP e inactivos, los cuales estaban destinados al alquiler de un centro logístico para el almacenamiento de bienes de la institución y mercancía entregada por oferentes con fines de ser donados a familias o personas de escasos recursos económicos por duraciones desde menos de un mes hasta 10 meses.
Diferencias de montos
Al menos cinco de los procesos tienen diferencias de hasta 11,9 millones de pesos contratados por encima del monto estimado. Mientras que en 14 de los procesos el Estado se ahorró hasta RD$3,450,000.
Pese a que se solicitaron los contratos para alquiler de almacenes activos y vigentes hasta el 19 de marzo de 2026, dentro de los datos analizados se encontraron 21 contratos cuyos cierres estaban pautados entre 2018 y 2025, según la información disponible en DataCompras. Aunque algunos de los proveedores mantienen contratos con las unidades de compra para los mismos fines, este medio no pudo confirmar si corresponden a adendas de extensión o renovación de los acuerdos.
De su lado, al entregar la información, la DGCP afirmó en una misiva que “en su calidad de Órgano Rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, como administradora de los sistemas tecnológicos que soportan las operaciones de este, tiene a bien remitirle un archivo Excel con la siguiente información: ´contratos en estado activo relacionados con artículos de la clase Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones´, y que hacen referencia al concepto de almacenamiento”.
Además de la DGCP y la Contraloría, la Dirección General de Bienes Nacionales fue consultada, pero esa entidad recalcó que es el órgano competente para la administración y custodia de los bienes inmuebles del Estado dominicano, “los contratos de alquiler de almacenes suscritos por instituciones públicas corresponden a la DGCP”.
En los últimos meses se registraron varios incidentes con almacenes de instituciones públicas. La madrugada del 19 de marzo se reportó un conato de incendio en un almacén de Banreservas, ubicado en la calle Yolanda Guzmán del Distrito Nacional, que afectó principalmente materiales de archivo. Sin embargo, días antes también se informó de un incendio que afectó un almacén del Minerd, ubicado en la avenida Río Haina, próximo al muelle de Haina, en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Aunque no todos los procesos tienen disponible la ubicación de los almacenes, la mayoría tiene asiento en la capital dominicana.
Sepa más
Hasta la última semana de diciembre de 2025, el Estado había destinado 10,677 millones de pesos en alquileres y rentas. Mientras que hasta la primera semana de junio fueron devengados 4,698 millones de pesos de los 10,669 millones que fueron presupuestados para este fin, según el Reporte Semanal Ejecución del Gasto que publica periódicamente la Dirección General de Presupuesto (Digepres).