El mes pasado, Iván Cepeda, senador colombiano y defensor de los derechos humanos, perdió las elecciones presidenciales del país frente a Abelardo de la Espriella, un abogado especializado en la defensa penal. El resultado resulta desalentador, teniendo en cuenta que el padre de Cepeda fue asesinado en 1994 por grupos paramilitares con la complicidad de agentes del Estado, mientras que de la Espriella ha amasado una fortuna defendiendo a líderes paramilitares, funcionarios corruptos y lavadores de dinero.
Ahora, el equipo de transición de de la Espriella afirma que trabaja en un plan al que denomina «Proyecto Arca de Noé», lo que implica una restauración de las prácticas de buena gobernanza supuestamente perdidas durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente izquierdista cuyo mandato terminará el 7 de agosto. Sin embargo, la dura realidad es que el próximo gobierno enfrentará problemas fiscales que no pueden resolverse simplemente regresando a las prácticas de administraciones anteriores. Existe una tensión creciente entre las demandas populares de hacer efectivos los derechos sociales consagrados en la Constitución y un sistema político que no puede cumplir esas promesas sin liberarse de la influencia de las industrias extractivas y de la economía ilegal.
Mientras la administración entrante atribuye el creciente déficit del Gobierno colombiano a las políticas de izquierda de Petro, el 92% del presupuesto nacional se destina a gastos no discrecionales, como atención sanitaria, educación, pensiones, transferencias constitucionalmente obligatorias a los gobiernos subnacionales, pagos de deuda y compromisos de gasto plurianuales. La mayoría de estos compromisos fueron establecidos antes de Petro y reducirlos probablemente requeriría reformas constitucionales impopulares. Por ello, el gasto seguirá siendo superior a los ingresos actuales, y el próximo gobierno probablemente intentará cerrar la brecha mediante un aumento del impuesto al valor agregado, una propuesta que provocó protestas masivas en 2021.
Por supuesto, es posible limitar los aumentos tributarios socialmente corrosivos y regresivos sobre los alimentos básicos y otros productos esenciales. La administración de Petro había logrado el mayor nivel histórico de ingresos tributarios del Gobierno general —el 22,1% del PIB—, en parte gracias a una mayor tributación de los sectores petrolero y minero. Pero después de que la Corte Constitucional anulara disposiciones tributarias que afectaban los intereses del petróleo y la minería, los ingresos volvieron a caer al 19,9% del PIB. Un gobierno podría intentar superar las objeciones de la Corte mediante una nueva legislación dirigida a esos sectores, pero es poco probable que eso ocurra bajo de la Espriella, quien hizo campaña presentándose como un defensor de ambos.
Peor aún, la solución más evidente al dilema fiscal —combatir la evasión tributaria y la corrupción, lo que podría ampliar el espacio fiscal en más del 8% del PIB a largo plazo— tiene aún menos probabilidades de ser aplicada. Como director de la administración tributaria y aduanera durante la primera mitad del gobierno de Petro, inicié el proceso para mejorar el cumplimiento fiscal mediante la creación de más de 10.000 nuevos puestos para auditores, ingenieros y otros empleados encargados de entrenar sistemas de inteligencia artificial con el objetivo de reducir la brecha tributaria. También reformé el sistema de carrera administrativa de la entidad para garantizar contrataciones basadas en el mérito.
Pero estas políticas están bajo presión, porque el Poder Ejecutivo utiliza habitualmente el reparto de cargos públicos como mecanismo de patronazgo político para conseguir los votos necesarios para importantes iniciativas legislativas. En el caso de de la Espriella, la política económica estará dirigida por el vicepresidente, un exministro de Hacienda familiarizado con este tipo de negociaciones transaccionales. No hay razones para esperar que actúe de manera diferente a como lo ha hecho en el pasado.
Del mismo modo, es un secreto a voces que los contratos de contratación pública diseñados a la medida suelen ser dirigidos hacia congresistas a cambio de votos legislativos. Aunque es difícil estimar cuánto se pierde exactamente debido a esta corrupción, los comentaristas suelen situar la cifra en el 3% del PIB, e incluso ese número, aparentemente elevado, oculta la magnitud del problema. Como desviar siquiera una pequeña parte de los recursos públicos de sus usos legítimos exige ocultar la forma en que está estructurado todo el presupuesto, los recursos públicos que no son robados tienden a utilizarse de manera ineficiente.
Por ello, Colombia ocupa ahora una posición inferior en materia de transparencia presupuestaria a la que tenía hace una década, no porque carezca de la capacidad técnica para elaborar un presupuesto detallado, debatido públicamente y basado en programas, sino porque quienes se benefician de la opacidad han garantizado que esta persista. Al nombrar a varios veteranos de la política para su equipo de transición del «Arca de Noé» y para su gabinete, de la Espriella ofrece a los colombianos pocas esperanzas de que vaya a cambiar la manera en que el Poder Ejecutivo trabaja con el Congreso.
Por el contrario, su administración probablemente designará funcionarios para satisfacer a miembros del Congreso vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el contrabando. Mientras estos intereses criminales sigan ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las instituciones encargadas de combatir sus actividades, la lucha contra la corrupción no tendrá posibilidades de comenzar.
Mientras tanto, un renovado apoyo estatal a los sectores petrolero y minero obstaculizará las políticas industriales orientadas a combatir el cambio climático y hará descarrilar los avances logrados en la descarbonización de la economía. Un elemento central de la agenda económica de Petro —incluido el período en que ocupé el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo— fue una industrialización impulsada por las exportaciones y enfocada en satisfacer la demanda mundial actual y futura de productos industriales verdes, como el acero verde y los vehículos eléctricos y sus componentes, además del apoyo al turismo sostenible. Pero ahora, un cambio de prioridades reavivará las antiguas preocupaciones sobre la enfermedad holandesa —cuando la fortaleza de un sector eleva el tipo de cambio y perjudica la competitividad de otros sectores—.
La excesiva dependencia del petróleo y la minería es solo una parte del problema que enfrenta Colombia. Estimaciones recientes sugieren que los ingresos provenientes de las exportaciones de cocaína equivalen al 4,4% del PIB, superando los ingresos de las exportaciones petroleras. Como el lavado de dinero se realiza parcialmente mediante operaciones de contrabando que introducen al país productos manufacturados y agrícolas baratos, la producción nacional que podría generar empleos bien remunerados termina viéndose perjudicada.
El giro de Colombia hacia la derecha representa, por tanto, el regreso a una alianza entre las industrias extractivas y la clase política, que muestra una alta tolerancia hacia la economía ilegal y la formulación de políticas basada en el intercambio de favores. Al mismo tiempo, cabe esperar que esta alianza imponga la «disciplina fiscal» resistiéndose a las demandas populares de un Estado de bienestar que funcione.
La tarea de la oposición será poner estos asuntos en el centro del debate. No ayuda que muchos de los integrantes de la administración de Petro no lograran evitar las mismas prácticas. Las acusaciones de hipocresía son inevitables. Pero los reproches mutuos no crearán una sociedad capaz de resolver sus desacuerdos mediante un sistema político funcional, pacífico y verdaderamente representativo. Solo la honestidad puede hacerlo.