Federico a. jovine rijo
De “cómo salirse de abajo de una patana” o “la aprobación de un código imposible”, pudiera llamarse la obra. Contra todo pronóstico, en lo que respecta al Código Penal, el gobierno convirtió una casi derrota en una victoria contundente.
Cuando los cacerolazos comenzaron a sonar, parecía inevitable que el gobierno cedería a la tentación de “enclochar” y meter la reversa… Total, no sería la primera vez que desafiado por la presión mediática lo haría, más no fue así.
En Palacio hubo voces a favor y en contra, y quienes se decantaban por postergar la entrada en vigencia del Código Penal ponían argumentos jurídicos y comunicacionales tan sólidos y convincentes como quienes creían que retrasarlo no sólo significaría una derrota política, sino también la admisión de que, a nivel técnico, el proceso que desembocó en la ley 74-25 –y su año de vacatio legis–, no sólo había sido insuficiente, sino que no fue producto de un trabajo sesudo, discutido y consensuado.
Mientras muchos apostaban a que el gobierno se rajaría y cogería la presión de influencers, redes y de una ciudadanía que se expresaba a golpe de calderos, pocos creyeron que en Palacio mirarían más allá de la curva y que estarían dispuestos a lo que sea, menos a cerrar la legislatura con una derrota moral.
Frente al dilema de postergar la entrada en vigencia o asumir el costo político y mediático de las protestas de diferentes colectivos –sea por intereses políticos particulares, legítimas preocupaciones, desconocimiento jurídico o ajustes de cuentas–, el gobierno decidió acotejar la carga y “tirar pa’ lante”.
El emperador decía: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. En este caso, Abinader apostó a dos bandas y ganó ambas, pues no sólo se empeñó en cumplir su palabra –al anunciar que promulgaba la ley que modifica algunos artículos del Código Penal– sino que, mediante decreto 507-26, creó la “Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal”, que tiene por objetivo “la socialización, educación y concientización” del mismo, así como realizar “el estudio y análisis de eventuales mejoras derivadas de su implementación”.
De la solvencia moral, ética, técnica y capacidad de trabajo de la comisión, dan fe la hoja de vida de cada uno de sus miembros. Puede estar seguro todo el país que la misma no hará un mamotreto ni será un sello gomígrafo, que trabajará, y que entregará resultados a tiempo. Las competencias académicas y profesionales de todos sus integrantes garantizan que el mandato del presidente no caerá en saco roto –todo lo contrario– y que al término de su encomienda, el país contará con propuestas de mejoras creíbles, viables, justas y convincentes.
El presidente Abinader, lejos de rehuir a su responsabilidad con la historia, la asumió, dejando establecido un mecanismo para que el nuevo Código Penal responda a las legítimas preocupaciones de la ciudadanía.