La experiencia dominicana demuestra que las grandes transformaciones de infraestructura requieren algo más que disponibilidad presupuestaria. Exigen planificación, decisiones oportunas, capacidad institucional y continuidad de las políticas públicas. En ese contexto, algunas iniciativas desarrolladas durante los gobiernos de Leonel Fernández ofrecen elementos importantes para reflexionar sobre los desafíos actuales de la seguridad en la movilidad.
Uno de los ejemplos más representativos es el Metro de Santo Domingo, cuya primera línea fue inaugurada en enero de 2009. El proyecto surgió en medio de cuestionamientos relacionados con sus costos, prioridades presupuestarias y pertinencia frente a otras necesidades nacionales. Sin embargo, su incorporación al sistema de transporte colectivo marcó un cambio importante en la manera de abordar los desplazamientos urbanos.
Con el paso de los años, el Metro se ha consolidado como una infraestructura estratégica para la movilidad metropolitana. Su desarrollo también plantea una enseñanza fundamental. Las grandes inversiones públicas deben evaluarse no solamente por sus costos iniciales, sino por su utilidad social, sostenibilidad financiera, integración territorial y capacidad de responder a necesidades futuras.
Esto no significa que aquellas decisiones estuvieran exentas de controversias ni que todas sus consecuencias hayan sido satisfactorias. Precisamente, una evaluación responsable exige reconocer tanto los avances alcanzados como las limitaciones de planificación, cobertura y articulación que todavía enfrenta el transporte nacional.
Otro episodio relevante fue el debate sobre la asignación del 4% del PIB a la educación. Durante su gestión, Fernández defendió la necesidad de considerar las restricciones fiscales y acompañar el incremento presupuestario de una planificación que permitiera utilizar los recursos adecuadamente.
La discusión enfrentó posiciones legítimas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales, las prioridades nacionales y la capacidad institucional para ejecutar mayores inversiones. Más allá de aquellas diferencias, dejó planteada una cuestión que continúa vigente. Aumentar el presupuesto de un sector no garantiza automáticamente mejores resultados si los recursos no están vinculados a objetivos verificables.
Esta reflexión resulta especialmente pertinente para la movilidad dominicana. Durante décadas, el país ha concentrado importantes esfuerzos en construir y ampliar infraestructuras, mientras continúan los problemas relacionados con la siniestralidad vial, la congestión, el transporte público, la fiscalización y la seguridad de los usuarios más vulnerables.
El desafío consiste en pasar de intervenciones aisladas a una política nacional integrada, capaz de relacionar infraestructura, ordenamiento territorial, salud pública, educación, tecnología y financiamiento.
Desde la perspectiva de un nuevo Modelo de Movilidad Segura, esa transformación demanda conciencia política, voluntad gubernamental, gobernanza democrática y capacidad institucional. También requiere indicadores confiables que permitan determinar si las inversiones están reduciendo las muertes, previniendo lesiones graves y mejorando las condiciones de desplazamiento de la población.
La experiencia acumulada durante las distintas administraciones gubernamentales constituye un patrimonio de conocimientos que debería aprovecharse sin prejuicios partidarios. Las decisiones acertadas merecen continuidad y las que presentaron deficiencias deben convertirse en oportunidades de aprendizaje.
En ese sentido, la trayectoria de Fernández en materia de infraestructura de transporte aporta referencias para examinar la importancia de las decisiones estratégicas y de sus efectos a largo plazo. Su valoración, como la de cualquier gobernante, debe sustentarse en resultados comprobables y no exclusivamente en apreciaciones políticas.
La República Dominicana necesita avanzar hacia una institucionalidad capaz de preservar los proyectos útiles, corregir sus debilidades y establecer prioridades que trasciendan los cambios de administración.
Construir nuevas obras seguirá siendo necesario, pero la verdadera transformación de la movilidad dependerá de cómo se planifiquen, integren, administren y evalúen sus beneficios.
Pensamos que el liderazgo público adquiere mayor valor cuando logra convertir las decisiones de gobierno en soluciones sostenibles para la sociedad. Esa es una lección que suponemos debe orientar el debate nacional, independientemente de quién ejerza el poder.
El progreso no debería medirse únicamente por kilómetros construidos, estaciones inauguradas o recursos invertidos, sino también por la seguridad, las oportunidades y la calidad de vida que esas inversiones generan.
La movilidad del futuro exige visión para planificar, responsabilidad para invertir y capacidad institucional para proteger la vida.