La pasada semana prometí este artículo, y para empezar debo recordar que el numeral 13 del art. 2 de la Ley núm. 311-14 obliga a presentar declaración jurada de patrimonio a los “administradores y gerentes de bancos estatales”. Asimismo, el numeral 20 le impone dicha carga a los “presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales”.
A partir de este último precepto, la sede constitucional entendió que los doce miembros con voz y voto del Consejo de directores del Banco de Reservas son “administradores”. En su evangelio, integran el órgano al que la Ley núm. 13-24 le atribuye funciones de dirección, administración, supervisión y control.
El razonamiento luce seductor hasta que uno se toma el cuidado de leer completo el repetido art. 2. Para incluir entre los sujetos obligados a los integrantes de órganos colegiados, como los miembros de los plenos de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y de la Junta Monetaria, el legislador del 2014 no recurrió a perífrasis. Los señaló individualmente, y para no dejar dudas, en el art. 2.21 hizo lo propio, con carácter general, respecto de “los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado”.
Sin embargo, esa última norma, según la TC/0855/26, les es ajena a los consejeros del Banco de Reservas, por lo que dejaré su análisis de lado. Insisto en que el legislador especificó a los “miembros” que quiso comprender en la aplicación de la Ley núm. 311-14, marginando a los de los consejos de los bancos estatales, para los cuales circunscribió su alcance a sus “administradores y gerentes”.
La Ley núm. 6133, vigente al momento en que la Ley núm. 311-14 se promulgó, denominaba al principal funcionario ejecutivo del Banco de Reservas como “administrador general”, y a los integrantes designados del Consejo, vocales. Cierto que el art. 21 de la Ley núm. 13-24, en vigor, les extendió a estos últimos y al personal a su servicio los “deberes fiduciarios propios de los administradores de entidades de intermediación financiera”.
Ahora bien, extender a los consejeros los deberes fiduciarios propios de los administradores presupone, al menos en el lenguaje de esa disposición, una distinción entre ambas categorías. De lo contrario, se les estarían extendiendo deberes que ya les serían inherentes, amén de que, si esa extensión bastara para convertir a sus destinatarios en administradores, también lo sería el personal al servicio del Consejo, y nadie con dos dedos de frente pudiera sostener semejante boutade.
Si el art. 21 dispusiera que “los miembros del Consejo son administradores”, no habría nada que discutir. Claro, se me podrá decir que los que integran el consejo de administración de una sociedad anónima son sus administradores, y que el art. 7 de la Ley núm. 13-24 declara supletoria la Ley núm. 479-08. No obstante, lo supletorio solo llena vacíos, y aquí no hay ninguno, sin olvidar que la ley orgánica del Banco de Reservas tiene su propio vocabulario, como lo revela su art. 21.
A ello se suma que el párrafo de su art. 7 establece que al Banco de Reservas no le son aplicables, ni principal ni supletoriamente, las normas relativas al sector público, salvo las que así lo dispongan expresamente o las previstas en la propia ley, la cual, además de especial, es posterior a la Ley núm. 311-14. Siendo así, ¿puede mantenerse una restricción intensa de derechos fundamentales mediante una interpretación extensiva de una ley anterior que ni siquiera menciona a los consejeros del Banco de Reservas?
Como expresé en mi última entrega, la carta sustantiva reserva a la ley orgánica la regulación directa de los derechos fundamentales, por lo que la imaginación del intérprete, por bienintencionada que sea, es insuficiente. Tampoco cabe ver en el art. 23 de la Ley núm. 311-14 la previsión expresa que el art. 7 de aquella otra reclama sí o sí, pues se limita a hacer sus normas aplicables a quienes estén obligados a declarar cuando textos especiales regulen la forma o el plazo de presentación.
Lejos de crear esa obligación, el precepto en mención la presupone, es decir, regula cómo declara quien ya está obligado. Si el legislador estimara que la transparencia exige más de los consejeros del Banco de Reservas, solo a él le correspondería decirlo dentro de los límites que le imponen los arts. 44 y 146.3 de la Constitución. De ahí que resulte inadmisible razonar como si la Ley núm. 311-14 lo consagrara, porque la diferencia entre interpretar un precepto y completarlo es abismal.
Efectivamente, la primera operación pertenece al juez, en tanto que la segunda, cuando modifica el universo de sujetos sometidos a una carga legal, se interna en el terreno legislativo. Después de darle varias vueltas al asunto, he entendido que es más sencillo de lo que aparenta. Por un lado, porque la Ley núm. 311-14, al ser fuente creadora de una injerencia directa en el derecho fundamental a la privacidad, debería ser orgánica, pero se tramitó y aprobó como ley ordinaria. Y por el otro, porque donde el legislador consignó “administradores”, no podemos leer “consejeros”, como equivocadamente lo hizo el colegiado constitucional en su TC/0855/26.