La Fiscalía de Ecuador apeló este martes la decisión de un juez que sobreseyó al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo en un caso de supuesta delincuencia organizada por la venta de pruebas de detección de covid-19.
El ente acusador señaló en Twitter que «presentó por escrito la apelación al sobreseimiento dictado a favor de Abdalá B., su hijo Jacobo B.» y otras dos personas procesadas por la comercialización de 21.000 pruebas para diagnosticar el covid-19.
El lunes un juez ordenó además levantar las medidas cautelares a los cuatro implicados. Tres personas, una de ellas declarada prófuga, fueron llamadas a juicio.
Bucaram, de 69 años, escribió en la misma red social que la fiscal del caso «tiene pruebas de una compra y venta privada lo cual no es ilegal». «Brillará la justicia», agregó.
De acuerdo con la Fiscalía, entre marzo y junio de 2020 «se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)» de Quito. El organismo sostiene que los agentes se encargaban de dar seguridad a dos israelíes -uno de ellos asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral- encargados de trasladar las pruebas hasta la ciudad de Guayaquil (suroeste).
Los extranjeros habían declarado que vendieron kits para detectar el coronavirus a Jacobo por más de 300,000 dólares en efectivo.
En julio la justicia ecuatoriana también sobreseyó a Bucaram en un caso de supuesto tráfico de bienes patrimoniales. Esa investigación se había iniciado el año pasado cuando durante un allanamiento al domicilio del exmandatario la policía encontró piezas arqueológicas cuyo origen no fue justificado.
Bucaram fue destituido del cargo durante una revuelta popular en febrero de 1997, seis meses después de haber tomado posesión. Vivió exiliado en Panamá durante dos décadas.