El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recalcó que la intención del Poder Ejecutivo de realizar una nueva reforma constitucional es fortalecer la “independencia” del Ministerio Público.
Manifestó que la modificación a la Carta Magna no se realiza con la intención de buscar “ningún beneficio o ventaja política”, tal como indicó el presidente de la República en su rendición de cuentas de febrero pasado.
«Señores, hay dos modelos: el modelo del pasado y el modelo del presente, que queremos que se consolide hacia el futuro con la independencia del Ministerio Público», expresó Paliza.
Las palabras del también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se producen apenas horas después de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunciara que las discusiones sobre la reforma constitucional han sido aplazadas, ya que las mismas se realizaban sin la presencia de los partidos de oposición.
Los partidos de oposición se habían retirado de la mesa temática sobre Transparencia e Institucionalidad, que se ejecuta bajo el marco del diálogo de las reformas, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), al manifestar su rechazo a una modificación constitucional al considerarla “inadecuada e inoportuna”.
Ante eso, Paliza exclamó que la reforma “debe de ser un acuerdo y un documento de todos” y que se debe de ir trabajando en los puntos “comunes” que unen a ambos bandos con relación al contenido de la propuesta.
El presidente Luis Abinader ha mostrado su disposición a reunirse con los líderes de la oposición, entre ellos Danilo Medina y Leonel Fernández, presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo respectivamente; para prometerles que no buscará una «ventaja electoral» con esa modificación como «ellos lo hicieron».
La pieza propone la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo del mes de mayo del año electoral.
