Hay quienes dicen que en el negocio de la basura, lo más limpio es la basura. Que conste, que siempre ha sido así, aquí y en cualquier lugar. En ese contexto, toca entender lo que representa el proyecto que busca modificar la ley 225-20, “General sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos” que actualmente cursa en la Cámara de Diputados, luego de su cruce meteórico por el Senado. Lo del parto y los parteros quedará en el folclore legislativo…
El proyecto es lo más parecido a un Frankenstein. Un todo hecho de partes que no concuerdan entre sí; un remiendo en donde un hábil [e inescrupuloso] armador apostó a la estrategia más segura: dar a cada sector un pedazo del bizcocho, para garantizar la posibilidad de poder cortarlo a su antojo.
Podría decirse que casi todos los stakehokders fueron sorprendidos en su buena fe, y, viendo correr en el Senado un proyecto que puntual y parcialmente los afectaba, se vieron obligados a salir a defenderlo para defenderse… estrategia válida y legítima.
Similar al ahorro forzoso de las AFPs, el artículo 36 modificado propone un incremento (¡para empezar!) de 500 a 1,200 pesos a todas las empresas con ingresos de cero a 1,000,000… Casi nada para las más de 243,757 MIPYMES que, cortado a 2022, señala DGII. En el plano cualitativo, el proyecto establece cómo se distribuirá esa transferencia de rentas, y, sobre todo, quién se beneficiará de la misma. Todo eso sin poner sobre la mesa una sola evaluación sobre los cinco años de implementación de la ley; el (exitoso) desempeño del Fideicomiso DO Sostenible, etc.
En el caso del foam, por ejemplo, amerita abordarlo con rigor, cientificidad, pero también con pragmatismo y objetividad. Más allá de que sea un negocio –algo legítimo en una sociedad capitalista–, toca encuadrar el análisis del sector, no sólo desde una perspectiva de contaminación neta, sino de la funcionalidad de la industria; su aporte social y su impacto en varios eslabones de muchas cadenas productivas.
¿Quién puede defender que los ríos, playas, montañas, calles y aceras estén inundadas de plástico? Ahora bien, ¿es responsable la industria que fabrica un insumo, del mal uso que los ciudadanos hacen de él al momento de desecharlo? La responsabilidad extendida, las campañas educativas, el manejo de residuos en rellenos controlados, la obligatoriedad de incorporar aditivos que degraden de manera sostenible y respetuosa las unidades que a diario se fabrican, etc., constituyen una solución más realista y posible que prohibir –de golpe y porrazo– la manufactura y/o uso de un producto que ya forma parte de la cultura.
Eso, y también acompañar al sector en una transición escalonada, racional y planificada hacia nuevos modelos de negocio; a sostener discusiones responsables sobre alternativas creíbles y posibles; a no claudicar para satisfacer –en aras del populismo legislativo– a quienes buscan cambiar una realidad que invierte en la sostenibilidad, sin proponer alternativas realistas.