El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) entregó este miércoles los resultados del primer informe de evaluación al cumplimiento de las acciones gubernamentales para garantizar la protección de la frontera y el control de la migración irregular.
La comisión honorífica, integrada por representantes de la sociedad civil, analizó los niveles de cumplimiento y ejecución de las 15 medidas migratorias que anunció el presidente Luis Abinader, el pasado 6 de abril.
La Comisión Ejecutiva del OPM, presidida por el periodista Miguel Franjul, reconoció en el documento compartido a los medios de comunicación la ampliación de la capacidad operativa registrada en las brigadas militares seleccionadas para asegurar el territorio fronterizo del país.
No obstante, destacó diversos ejes que aún deben ser reforzados por el Gobierno para alcanzar el pleno acatamiento de las instrucciones castrenses que ordenó el mandatario Abinader.
Franjul, quien fungió de vocero, señaló la necesidad que existe en la Dirección General de Migración (DGM) de realizar un aumento en la distribución presupuestaria, así como también en las demás instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Precisamente, mencionó que esta decisión permitirá que las autoridades gubernamentales garanticen la construcción de oficinas migratorias en las 32 provincias del territorio nacional, superando las 11 que existen en la actualidad.
«El Observatorio entiende que el Gobierno debe dotar de los recursos necesarios a la DGM para ampliar la cobertura y agilizar la instalación de nuevas oficinas», afirmó el también director del Listín Diario, durante una rueda de prensa realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lugar donde operará el centro de datos para captura, procesamiento y análisis del OPM.
Dentro de las tareas prometidas por el presidente Abinader se encuentra la modificación al reglamento que regula la operatividad de mercados binacionales compartidos con Haití, la cual fue asignada a la DGM, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; junto al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). Sin embargo, Franjul informó que “todavía no se ha informado la fecha formal para culminarlo y ponerlo en ejecución”.
“El Observatorio recomienda que se agilice la presentación del documento final del reglamento y su puesta en vigencia a la brevedad”, indicó.
Aunque describieron como “cumplido efectivamente” la correcta supervisión de los militares apostados en la línea divisoria, realizada por un oficial superior, los miembros de la comisión entienden que deben ser incluidos otros artefactos tecnológicos para facilitar los mecanismos de depuración.
“En adición, a la vigilancia con drones, se deben instalar de manera definitiva cámaras de reconocimiento facial en los mercados y equipos móviles de rayos equis en los puntos donde se verifica la mayor entrada y salida de camiones de transporte comercial”, precisó Franjul, puntualizando las zonas comerciales compartidas con el vecino país.
Mano de obra haitiana
El 29 de abril, el Gobierno anunció que había autorizado el incremento en la remuneración económica para la empleomanía de las zonas francas y empresas turísticas. Por lo que, al entrar en vigencia la primera etapa de esta disposición, el pasado 1 de junio, el OPM indicó que se cumple esta medida.
Esto es parte de la visión que tiene el Gobierno de “dominicanizar la mano de obra del país”, por encima de los empleados haitianos no regularizados.
No obstante, el OPM sugirió que el tema sea discutido en la mesa laboral del Consejo Económico Social (CES), para analizarlo, de manera amplia, debido a posibles implicaciones en el desarrollo de la población.
El OPM calificó de “realidad insoslayable” la necesidad de los trabajadores extranjeros en el funcionamiento y operatividad de los sectores agrícolas y construcción, por lo que exhorta a discutir el tema de manera consciente.
“La sustitución de la mano de obra extranjera es un proceso que conlleva tiempo y mesura, para no afectar los sectores involucrados y poder garantizar la sostenibilidad de dichas medidas. Pero, sobre todo, es importante entrar en razón y comprensión de esta realidad, a los grupos más radicalizados de la sociedad dominicana, en torno a la necesidad de buscarle una salida a este problema migratorio con implicaciones que trascienden los aspectos económicos”, versa el documento leído por Franjul.
Intervenciones sin maltratos
“Este Observatorio es de opinión que, en la ejecución de las medidas, las instituciones oficiales están respetando los derechos humanos y la dignidad de los migrantes extranjeros ilegales y de las mujeres parturientas”, indicó Franjul.
Además, destacó como parte de los avances visualizados, que la mayoría de los haitianos están siendo repatriados a su país de manera agilizada, en un periodo menor a las 48 horas.
Al igual que el respeto a los derechos de las parturientas indocumentadas ingresadas en los hospitales dominicanos, comprobado al visitar los principales centros de maternidad del gran Santo Domingo. “Aunque no dejamos de reconocer que existen áreas de mejoramiento de los servicios e infraestructura física que están en carpeta de la DGM”.