Personas con discapacidad visual, estudiantes y padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), junto a familiares y miembros de la comunidad, iniciaron esta semana una jornada de protesta pacífica por tiempo indefinido frente al Palacio Nacional.
La protesta es en demanda de una solución formal, seria y sostenible que garantice la reapertura del Centro de Capacitación para Ciegos (CECAPCI) de Santiago, institución que lleva cuatro meses sin ofrecer sus servicios de manera regular.
Recordaron que el CECAPCI tuvo que cerrar de manera urgente debido al grave deterioro estructural del local donde operaba, el cual se encontraba y aún se encuentra al borde del colapso, representando un riesgo para estudiantes, usuarios, docentes y personal administrativo.
La directora del CECAPCI, Ana García, explicó que la principal razón del rechazo es la falta de garantías legales en el planteamiento oficial. “No podemos aceptar una propuesta que no tiene base legal ni asegura la estabilidad futura del centro”, afirmó.
Según detalló, el Ministerio propone asumir el alquiler del local por un año e incluir posteriormente a la institución en el presupuesto del Ministerio de Educación para 2027, trasladando los fondos desde el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Sin embargo, García cuestionó la viabilidad de esta alternativa.
“Ellos no pueden garantizar algo que no depende únicamente de su gestión. En ese proceso intervienen otras instituciones como la Dirección General de Presupuesto y el Congreso Nacional”, señaló.
Además, indicó que la Ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro limita el uso de fondos a un 20 % en gastos administrativos, lo que impediría cubrir el costo del alquiler con recursos del presupuesto estatal.
La directora también desmintió versiones oficiales sobre supuestos avances en las negociaciones, asegurando que hasta el momento no se ha firmado ningún convenio.
“Si en verdad nos hubiesen planteado un acuerdo formal, nosotros no estuviéramos aquí. Precisamente esta protesta es porque no se ha firmado nada”, expresó.
En ese sentido, insistió en que la solución pasa por un acuerdo de cooperación con respaldo legal que garantice la estabilidad institucional, más allá de promesas verbales o compromisos sujetos a cambios administrativos.
Los representantes del centro también denunciaron que, cuando el proceso parecía encaminado a una solución, las autoridades introdujeron una nueva propuesta que modificaba lo previamente discutido.
De acuerdo con García, tras una reunión con el ministro de Educación el pasado 13 de marzo —en la que se comprometió apoyo para el local, materiales y personal— se esperaba la formalización de un acuerdo. No obstante, posteriormente se presentó un nuevo planteamiento que, a su juicio, retrasa la solución.
“Cuando entendíamos que todo estaba resuelto, se introduce otra propuesta”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la Ley de Compras y Contrataciones permite contratos de alquiler de hasta cuatro años, contrario a lo planteado por las autoridades.
El cierre del CECAPCI ha generado consecuencias significativas en estudiantes y familias, según denunciaron los manifestantes. Entre ellas, mencionaron retrocesos en el aprendizaje, dificultades en el desarrollo del lenguaje y la interrupción de terapias especializadas.
Algunos padres han sido advertidos de que sus hijos podrían repetir el año escolar, mientras que docentes han tenido que trasladarse a las viviendas de estudiantes para evitar mayores atrasos en su formación.
El centro, ubicado en Santiago, es el único en la región del Cibao que ofrece atención integral gratuita para personas con discapacidad visual, incluyendo evaluaciones psicológicas, terapias y programas de inclusión educativa.
protesta indefinida
La jornada de protesta, que inició con un grupo de 20 personas, se desarrollará por tiempo indefinido mediante relevos semanales, como parte de una estrategia para sostener la manifestación.
“Esto no significa que somos pocos, sino que estamos organizados para resistir el tiempo que sea necesario”, indicaron.
Los manifestantes aseguraron que permanecerán frente al Palacio Nacional hasta obtener una respuesta “concreta, formal y responsable” por parte de las autoridades.