Nuestra Constitución establece la igualdad de todos ante la ley, pero sabemos –a través de sentencias vergonzosas de triste recordación– que el poder, el dinero, la clase o el apellido, se imponen al momento de acudir a los tribunales.
Por eso ocupa especial interés el proceso de selección de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y, en especial, la escogencia del su próximo presidente, ya que en la arquitectura constitucional del Estado dominicano, este ostenta la representación oficial y legal del Poder Judicial.
Con todos los desafíos que tiene la justicia dominicana; con tantos cuestionamientos y limitaciones; con tantos jueces que fallan conforme a derecho como quienes fallan de acuerdo a otros argumentos; son justas las preocupaciones ciudadanas, de la opinión pública, academia, medios, gremios, iglesias –etc.–, en torno a la necesidad de que el CNM escoja como jueces de la SCJ a ciudadanos probos, éticos, competentes; pero también a profesionales capacitados (sea desde la propia judicatura o desde el ejercicio privado del derecho).
La atención recae, no obstante, en la selección de quién será su presidente. La discusión de si el mismo debe provenir de las filas de la judicatura ha sido superada. Desde 1997, todos los presidentes de la SCJ han venido del ámbito privado por una razón práctica que ha demostrado validez y vigencia: las funciones del presidente van más a allá de las jurisdiccionales y se inscriben en la administración de un poder (una superestructura numeraria de funcionarios públicos); en el día a día de la gestión y los procesos.
La sociedad dominicana necesita a un presidente de la SCJ que, producto de un dilatado, incuestionado y equilibrado ejercicio del derecho, tenga una comprensión práctica de la realidad social y económica y política del país; que vaya más allá de la visión de túnel de los sesgos de grupo y el pensamiento endogámico. En definitiva, para ser presidente de la SCJ, hay que demostrar equilibrio, independencia y neutralidad, pero también entendimiento de las dinámicas y realidades que vive la República Dominicana.
El país necesita un presidente de la Suprema Corte que arbitre con justicia; administre con diligencia, transparencia y sabiduría; pero que ponga a quienes tienen “hambre y sed justicia” como centro de todas las decisiones judiciales.
Cualidades estas que caracterizan al licenciado Fernando Langa Ferreira, quien, tras su postulación el día de ayer ante el CNM, se hizo eco de un sentir ciudadano expresado a través de apoyos a su candidatura por parte de autoridades de la Iglesia Católica, academia, gremios empresariales, así como destacados juristas y académicos, etc. Pronunciamientos que hoy endosamos y apoyamos, en el pleno convencimiento de que la escogencia del licenciado Langa como presidente de la SCJ, significa para el país una garantía de justicia, honradez y competencia, al frente del Poder Judicial.