El dilema existencial de la economía es satisfacer necesidades infinitas con recursos finitos; el de los gobiernos, satisfacer en tiempo presente las necesidades ciudadanas mínimas, aun sea derivando hacia el futuro su costo; el de los políticos, tocar siempre la misma melodía –escrita por el pragmatismo–, unas veces con guitarra y otras veces con violín… según corresponda.
Toda ley de presupuesto es la expresión organizada de estos tres dilemas. Basta ver los 25 últimos presupuestos del Estado para entender cómo se mantiene constante la dinámica: se recauda menos de lo que se gasta y el diferencial se cuadra, sea con préstamos o mercado de capitales, deuda interna o externa, impuestos o aranceles, etc.
Leonel Fernández asumió el poder en 2004 con una grave crisis que supo timonear magistralmente. Cuadrar la caja fue prioritario, aunque la crisis mundial de 2009 tensionó aún más las finanzas. Con una elección en 2012 que había que ganar sí o sí, su sucesor –Danilo Medina– arguyó que había encontrado “un maletín lleno de facturas” por pagar, y que “la realidad está por encima de los deseos”, por lo que se veía obligado a promulgar la ley 253-12, para encontrar “un equilibrio de las finanzas públicas”.
La “reformita” fiscal venía a sumarse al listado de todas las anteriores (nueve en los diez años anteriores) que procuraban lo mismo (cuadrar caja), sin abordar el problema principal (una reforma fiscal integral que ordene y racionalice ingresos y gastos).
El artículo 3 de la ley 253-12 modificaba el 296 Código Tributario (CT) y suspendía el ajuste por inflación para los años 2013, 2014, 2015; ley que entonces el presidente Fernández entendió necesaria para “recuperar los ingresos dejados de percibir durante este año; y así, continuar avanzando por senderos de prosperidad y desarrollo social” (13/11/2012).
Esto es –implícitamente–, una aprobación a la suspensión de indexación para el periodo 2013-2015. De igual forma, la ausencia de una declaración en sentido opuesto a la suspensión de la aplicación del art 327 CT para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, permiten inferir/suponer/especular que hubo conformidad con la medida dispuesta; o, por lo menos, el reconocimiento técnico –implícito también– de que la misma suponía uno de los tantos salvavidas fiscales que mantenían a flote la economía.
Sin embargo, el pasado seis de noviembre, en un hilo de X, el presidente Fernández señaló que “la inflación no puede seguir convirtiéndose en un impuesto encubierto sobre los trabajadores. Urge indexar, como dice el Código Tributario, el tramo exento del ISR para proteger el ingreso real y garantizar justicia fiscal”.
Con la maestría explicativa que le caracteriza y su profundo conocimiento de la materia, Fernández desarrolla aspectos éticos y prácticos de una indexación automática, que, dichos en esta circunstancia preelectoral, hacen que la melodía suene hermosa –tocada con el violín opositor–, aunque ya nadie se recuerde lo desagradable que sonaba para quienes vieron suspendida la indexación desde el 2013 en adelante, cuando la misma melodía fue tocada con la guitarra del poder.