El apreciado colega Julio Cury sostuvo el pasado 12 de noviembre que los doce miembros con voz y voto del Consejo de directores del Banco de Reservas no son “administradores” a los fines de la Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, por lo que el Tribunal Constitucional incurrió en un error al considerar en su sentencia TC/0855/26 que están obligados a declarar. Con todo el respeto que me merece, disiento de esa tesis por descansar en una premisa equivocada, como lo es la de que consejero y administrador son categorías excluyentes.
En el Derecho de la organización, público y privado, se distingue entre órganos unipersonales y colegiados. En estos últimos, varias personas forman la voluntad del órgano deliberando y votando. Lo anterior no significa que cada consejero administre el banco por sí solo, sino que la administración está atribuida a un órgano colegiado cuyos integrantes son, por ello, sus administradores.
La Ley 13-24 no deja espacio a la duda, al erigir al Consejo, en su artículo 11, en “máxima autoridad de dirección, administración, supervisión y control”. El artículo 27 le atribuye con carácter indelegable aprobar el presupuesto, el plan estratégico, los estados financieros y las políticas de crédito y designar a la Alta Gerencia y a los auditores. Incluso el párrafo del artículo 13 exige que el Consejo reúna, “como órgano”, la experticia necesaria. Si eso no es administrar, nada lo es.
En este tema tampoco ayuda la historia. La Ley 6133, vigente cuando se aprobó la Ley 311-14, disponía también que la dirección y administración del banco estaba a cargo, en primer lugar, del Consejo de directores. De ahí que cuando el legislador en el año 2014 obligó a declarar a los “administradores y gerentes de bancos estatales”, en plural, no pensaba solo en el administrador general, hoy presidente ejecutivo.
En el razonamiento del colega, si el artículo 21 de la Ley 13-24 tuvo que extender a los consejeros los deberes fiduciarios de los administradores, es porque no lo son. No es así. La ley lo precisa porque el banco no está organizado en forma de sociedad anónima. Y poco importa que esos deberes alcancen también al personal del Consejo: el personal no delibera ni vota; los consejeros sí. Son administradores porque deciden en el máximo órgano de administración.
Conviene en este sentido precisar que el Tribunal Constitucional no razonó en base al numeral 20 del artículo 2 de la Ley 311-14, sino del numeral13, precisamente porque los consejeros integran el órgano que dirige el banco y participan colegiadamente en sus decisiones.
Eximir a quienes aprueban el presupuesto y la política de crédito del principal banco público del país, mientras se obliga a los gerentes que ellos designan, sería un contrasentido. Donde el legislador escribió administradores cabe leer consejeros. Eso son, exactamente, quienes integran un órgano colegiado de administración.
Llegados a este punto, si coincido con el colega en que la Ley 311-14 es de naturaleza orgánica, aunque lo sostengo por un fundamento distinto. El artículo 112 de la Constitución reserva a la ley orgánica la función pública, y la declaración jurada de bienes que el artículo 146.3 de la Constitución exige a los funcionarios públicos, forma parte del estatuto de quienes la ejercen. Poco importa que los consejeros no estén sujetos a la Ley 41-08, de Función Pública. El artículo 146.3 alude a los funcionarios públicos en sentido amplio, y la Ley 311-14 desarrolla ese deber constitucional.