Desde marzo de 2020, las autoridades han estado operando bajo un régimen de política monetaria excesivamente discrecional y «zigzagueante», mientras por la parte fiscal se ha perdido eficiencia con una inversión pública drásticamente reducida a menos de 2.2% del PIB de este año, situación que ha contribuido con una baja en el ritmo de crecimiento económico, en opinión del economista Jaime Aristy Escuder.
En una entrevista para Listín Diario, Escuder sugiere evitar sorpresas y desviaciones excesivas de las de forma adecuada la dirección de las acciones de política que se ejecutan. Asimismo, se refiere al tema cambiario, la evasión fiscal y al excesivo gasto corriente. Proyecta un cierre en el crecimiento económico de cerca del 2.5% del PIB para este año 2025. También plantea recomendaciones como unir las cámaras legislativas en un Congreso Unicameral o reducir la cantidad de congresistas; evaluar las transferencias a la UASD, unificar las direcciones de Aduanas y de Impuestos Internos, y reducir el tamaño del Estado, entre otras medidas.
A continuación la entrevista:
1) ¿Cuál es el impacto en la economía del abandono de las metas de inflación? Sucede aquí o no.
Después de la pandemia del covid-19, en la República Dominicana se observa un cambio de régimen de política monetaria. La tasa de interés de referencia ha dejado de ser el principal instrumento de política y se ha sustituido por la inyección directa de liquidez a tasas de interés subsidiadas e intervenciones cambiarias periódicas. Dicha tasa de referencia ha perdido su influencia sobre las tasas de interés de mercado, lo que implica incapacidad de señalar a los agentes económicos cuál es la verdadera postura de política monetaria.
Entre enero de 2012 y febrero de 2020 se aplicó un esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos fueron utilizados, en general, de forma consistente. Ese enfoque de política monetaria, a través de los ajustes de la tasa de interés de referencia y una gestión de la liquidez coherente con la misma, facilitó la estabilidad de precios, mantuvo el anclaje de las expectativas de inflación, amortiguó las perturbaciones externas e internas, redujo la volatilidad de las principales variables económicas y aumentó la predictibilidad necesaria para alcanzar un entorno favorable al crecimiento económico sostenido.
A partir de marzo de 2020, las autoridades han estado operando bajo un régimen de política monetaria excesivamente discrecional. En ese nuevo marco se adoptan medidas monetarias no convencionales basadas en datos de muy corto plazo, lo que amplifica la volatilidad derivada de las perturbaciones económicas, distorsiona el proceso de asignación de los recursos productivos y reduce el ritmo de crecimiento económico. Hay casos de comunicados de política que presentan mensajes contradictorios, ya que, por un lado, muestran la existencia de una postura monetaria flexible y, por otro, sugieren la necesidad de una postura más restrictiva. Las autoridades deben recordar que, para evitar sorpresas y desviaciones excesivas de las metas, es necesario que el contenido de las declaraciones y escritos refleje de forma adecuada la dirección de las acciones de política que se ejecutan.
En el nuevo régimen de política monetaria se implementaron tres inyecciones de liquidez a tasas de interés subsidiadas. En marzo de 2020, mayo de 2023 y noviembre de 2024 se aprobaron medidas para aumentar el financiamiento a tasas de interés no superiores al 9% anual por un monto acumulado que supera los 450 mil millones de pesos.
En junio de 2025, se autorizó una cuarta inyección de liquidez por la suma de 81 mil millones de pesos. Esa decisión revela que, además de zigzagueante, la política monetaria actual resulta inconsistente con la postura restrictiva adoptada en abril y mayo, cuando el Banco Central colocó títulos valores a tasas de rendimiento de un 12.25% con el fin de reducir la tasa de cambio promedio de 63.09 pesos a 59.15 pesos por dólar entre marzo y mayo. La cuarta inyección de liquidez tan solo logró disminuir la tasa de interés activa promedio ponderado en 22 puntos básicos durante ese mes. En julio dicha tasa volvió a subir hasta colocarse por encima del 15%.
La rápida reversión de la trayectoria de la tasa de interés se explica por la extracción de liquidez, inducida por las intervenciones recurrentes del Banco Central en el mercado cambiario. En julio, el organismo emisor vendió alrededor de 350 millones de dólares de las reservas internacionales con el fin de contener la depreciación del peso respecto al dólar. Entre el 16 de junio (fecha en que se anunció la liberación de liquidez) y el 1 de agosto, la tasa de cambio subió en 1.71 pesos, al pasar de 59.55 a 61.26 pesos por dólar, lo que equivale a una variación de un 2.87%. El resultado confirma, una vez más, que la política monetaria no convencional aplicada tras la pandemia ha estado provocando un aumento excesivo de la volatilidad cambiaria.
Para restablecer la efectividad del mecanismo de transmisión monetaria, es necesario que las autoridades retomen el uso de los instrumentos operativos tradicionales dentro del esquema de metas de inflación.
2) ¿Qué ha generado volatilidad en la tasa de interés? ¿Política interna o turbulencias externas?
El Covid-19, la invasión rusa a Ucrania y la errática política arancelaria de Trump han sido tres perturbaciones que aumentaron la volatilidad de las principales variables económicas en la República Dominicana, en particular la tasa de interés y la tasa de cambio. La reacción monetaria a esas perturbaciones, basadas en una política monetaria zigzagueante e inconsistente, acentuó dicha volatilidad.
La modificación de régimen de política monetaria ha elevado la volatilidad de los instrumentos de política monetaria y, en consecuencia, de las principales variables macroeconómicas. La variación interanual de la oferta monetaria (M1) ha registrado una volatilidad que duplica la observada durante el régimen de metas de inflación. Esa inestabilidad de los agregados monetarios se ha reflejado en un incremento de la volatilidad de las tasas de interés (activa, pasiva e interbancaria) que ha multiplicado por tres la registrada antes de la pandemia y ha provocado su divorciado de la tasa de interés de política monetaria, con efectos adversos sobre la inversión privada.
La incertidumbre cambiaria también se ha intensificado durante el nuevo marco de política. La volatilidad de la variación mensual de la tasa de cambio es 4.6 veces superior a la registrada antes de la pandemia. Asimismo, el promedio del margen cambiario (la diferencia entre la tasa de cambio de venta y la de compra) se ha triplicado en el período discrecional, y su volatilidad en la actualidad multiplica por cinco la observada en el período anterior.
3) En cuanto a la política fiscal, ¿Cuál es su recomendación para reducir los gastos corrientes y subir la inversión en capital?
La política fiscal también ha perdido eficiencia. La inversión pública se ha reducido hasta situarse por debajo del 2.2% del PIB en 2025, muy lejos del 4.7% del PIB registrado como promedio anual en el período 1966-2020. Esa contracción de la inversión gubernamental responde al esfuerzo por contener el déficit público alrededor de un 3% del PIB y el superávit primario en un 0.7% del PIB. Sin embargo, una estrategia fiscal de “austeridad autodestructiva” limita el crecimiento del PIB, que a junio acumuló una tasa interanual de apenas un 2.4%; es decir, menos de la mitad del ritmo potencial del 5%.
El gasto público se ha concentrado en partidas corrientes, cuyo multiplicador -efecto sobre las actividades productivas por cada peso erogado- es inferior al que tiene el gasto de capital. En este momento, el gasto corriente supera el ingreso corriente, situación que implica el endeudamiento gubernamental para financiar gastos con una tasa de retorno inferior a la tasa de interés de la deuda. Con el fin de evitar que esa dinámica provoque un aumento excesivo de la deuda como porcentaje del PIB, las autoridades han optado por reducir la inversión pública en más de dos puntos porcentuales del PIB. Esa medida ha limitado la contribución de la política fiscal al crecimiento económico.
La aplicación de técnicas rigurosas de costo-beneficio junto a un estudio del efecto distributivo de la política fiscal ayudaría a mejorar significativamente la productividad y equidad del gasto gubernamental, elevando su aporte al bienestar de la gente. Esto permitiría reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública.
La racionalización del gasto público implica una reestructuración del Estado. Una simple inspección de las instituciones públicas lleva a recomendar modificaciones que no solo se traducirían en un importante ahorro de los recursos pagados por los contribuyentes, sino también en la mejora de su impacto sobre el crecimiento económico y creación de empleos privados.
Actualmente existen 20 ministerios bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo que consolidarse y reducir así el tamaño del Estado. Las funciones específicas de los ministerios absorbidos -o eliminados- serían realizadas por viceministerios o direcciones que se crearían dentro del ministerio resultante, pero todas las actividades administrativas y de soporte operativo como compras, contrataciones, recursos humanos, entre otras, serían realizadas bajo los departamentos responsables aprovechando las economías de escala, lo cual permitiría reducir los costos de adquisición de bienes y servicios y mejorar su nivel de eficiencia.
Se debe integrar a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas en una sola entidad. Esto mejoraría la eficiencia en la lucha contra la evasión tributaria.
Además, se debe analizar a profundidad los gastos que se ejecutan a través de organismos autónomos y descentralizados para determinar su eficiencia y productividad. Entre esos gastos cabe destacar los casi 14 mil millones de pesos que se transfieren a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe realizarse una evaluación para determinar si es mejor utilizar los recursos que se le transfieren a la UASD para el otorgamiento de becas a los mejores bachilleres para que estudien en universidades privadas. Los jóvenes dominicanos que exhiben dedicación y perseverancia en sus estudios se merecen la oportunidad de recibir la mejor educación posible en el país y en el extranjero.
Por otro lado, se debería analizar la pertinencia de establecer un congreso nacional unicameral o, por lo menos, realizar una significativa reducción del número de diputados. Todo lo anterior permitiría una reducción significativa del gasto corriente.
4) ¿Cree usted que Hacienda buscará eliminar de los subsidios a la electricidad y combustibles?
Mejorar el aporte fiscal al crecimiento económico requiere, entre otras medidas, eliminar o reducir el subsidio eléctrico y los subsidios no focalizados, como el de los combustibles, y, a la vez, destinar los recursos liberados a ejecutar proyectos de inversión pública con altas tasas de retorno.
El déficit financiero del sector eléctrico, que supera el 1.4% del PIB, y los subsidios no focalizados constituyen gastos corrientes ineficientes que deberían sustituirse por proyectos de inversión pública. El subsidio a los combustibles, que esta semana se situó alrededor de los 210 millones de pesos, aunque ha superado en ocasiones los mil millones de pesos en siete días, debe eliminarse porque beneficia principalmente a los hogares de mayores ingresos.
Dicho subsidio es distorsionador, dado que reduce el impacto que debe tener el alza de los precios internacionales sobre la demanda local de combustibles, situación que se traduce en una demanda superior a la óptima, lo cual acentúa el déficit de las cuentas externas. Considerando que la inflación interanual a junio se encuentra por debajo del 4%, es posible suprimir el subsidio y seguir manteniendo la variación de los precios dentro del rango meta.
5) ¿Qué cree tendremos un nuevo intento de reforma fiscal?
Antes de hablar de una reforma tributaria hay que modificar la estructura de gastos públicos y reducir la evasión tributaria. La nueva gestión de Hacienda, encabezada por Magín Díaz, debe asegurar que los recursos públicos se orienten hacia actividades productivas que arrojen un multiplicador más elevado. La adopción de medidas, como aquellas que garanticen una tasa de retorno del gasto de capital superior a la tasa de interés de la deuda emitida para financiar proyectos de infraestructura, mejorará la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En materia tributaria queda mucho por hacer. El sistema impositivo vigente es distorsionador, injusto e incapaz de generar los ingresos que se corresponden con las tasas y las bases imponibles. Diversos estudios evidencian una elevada evasión de impuestos y estiman que una mayor eficiencia administrativa incrementaría las recaudaciones hasta 4 puntos porcentuales del PIB. Una mejora de la gestión administrativa permitiría reducir algunas tasas impositivas cuyo nivel actual distorsiona las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción.
6) ¿Cuál es su proyección de crecimiento del PIB y el IPC dominicano para 2025 y 2026?
La tasa de crecimiento del PIB para 2025 se situará entre 2.5% y 3%, pero lo más probable es que dicha tasa quede más cercana al 2.5%. El desempeño de 2026 dependerá de la reacción global a la política arancelaria de Trump, así como de la política monetaria de la Reserva Federal, la cual condicionará la política del Banco Central de la República Dominicana.