La propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) trasciende una reestructuración administrativa: redefine el lugar de la ciencia, la tecnología y la educación superior en el proyecto de desarrollo nacional. Eliminar el MESCyT y subsumir sus funciones en el MINERD significaría desarticular uno de los pocos subsistemas que, con limitaciones y oportunidades de mejora, ha fortalecido la producción científica, la calidad y la vinculación con sectores productivos.
La racionalidad invocada apela a la eficiencia estructural y a la coherencia vertical del sistema y a racionalizar los recursos del 4% del PIB de la educación preuniversitaria. Sin embargo, ese enfoque soslaya el carácter sistémico y funcionalmente diferenciado de la educación superior y las universidades, piezas clave de cualquier Sistema Nacional de Innovación. Se centralizarían funciones complejas (política universitaria, calidad, acreditación, formación de talento en campos STEM, investigación aplicada y articulación universidad-empresa) dentro de un aparato históricamente sobrecargado y sin experiencia en gobernanza universitaria y científica.
Una reforma de esta magnitud debe seguir las pautas del Decreto 580-24 del Presidente Abinader: diagnóstico técnico sólido, diseño institucional adecuado y articulación participativa. El Decreto exige mirada sistémica, evaluación rigurosa y participación. Sin esos elementos, emerge una paradoja: se debilitaría un subsistema que ha avanzado en consolidación, producción científica y proyección internacional, mientras se reforzaría un macrosistema que, pese a absorber el 4% del PIB desde 2013, exhibe bajos indicadores de calidad y desempeño.
Desde la puesta en marcha del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) en 2005, y su consolidación entre 2007 y 2009, la producción científica nacional se multiplicó por 5.8, pasando de 90 a más de 520 publicaciones anuales en Scopus entre 2000 y 2024. Este crecimiento refleja una transformación institucional gradual y profunda imposible sin compromiso universitario, pese a recursos limitados y a la complejidad del quehacer científico: financiamiento competitivo, capital humano calificado, infraestructura de investigación, redes internacionales y sistemas de evaluación rigurosos.
Los impactos son tangibles: primeras patentes universitarias dominicanas, equipamiento de laboratorios, fortalecimiento de capacidades de I+D y acreditaciones internacionales. Con el impulso del MESCyT y mecanismos como FONDOCyT, las universidades transitan de un modelo docentista hacia perfiles más innovadores y acreditados. Revertir ese proceso o ponerlo en riesgo sería un retroceso. La consolidación de tales avances mejora la capacidad absorción tecnológica del aparato productivo y permite acumular capacidades. En una economía de renta media, con el nivel más bajo de inversión en I+D (0.003 % del PIB), estos avances no pueden trivializarse ni desmantelarse.
Más allá de los riesgos de desarticulación, el contexto obliga a fortalecer lo construido, mejorar la vinculación universidad-empresa-Estado y consolidar una arquitectura institucional estable. Fortalecer el ecosistema científico-universitario no es un lujo: es imperativo para cerrar brechas tecnológicas, diversificar la economía y aumentar su sofisticación competitiva. Tales condiciones son necesarias para superar la trampa de la renta media y aspirar a duplicar la economía hacia 2036.
El argumento de que la educación es una sola no resiste el análisis comparado: Alemania, Francia, Alemania, España, Países Bajos y Portugal, entre otros, integran ciencia y educación superior en marcos diferenciados que permiten gestión especializada y eficiente. No se trata de un invento dominicano. En la región, aunque abundan ministerios unificados, los ecosistemas científicos más desarrollados (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y México) cuentan con ministerios de ciencia y universidades con autonomía funcional, vocación investigativa y articulación productiva. Así, la lógica de ahorro resulta contradictoria: es incongruente disolver un ministerio que ya integra educación superior, ciencia y tecnología en lugar de fortalecerlo como política de Estado.
La integración no equivale a subordinación, ni la eficiencia a supresión institucional. La gobernanza del conocimiento requiere estructuras diferenciadas, mecanismos técnicos especializados y articulaciones sistémicas con el aparato productivo. De avanzar la fusión, el reto es repensar el diseño institucional con horizonte de largo plazo, preservar funciones y capacidades acumuladas, corregir cuellos de botella y elevar los estándares de coordinación, transparencia y rendición de cuentas. La frustración colectiva asociada con la calidad del gasto del 4% debe ser abordada sin poner en riesgo los avances en educación superior en nombre de una promesa administrativa sin horizonte estratégico.