La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, exhortó al empresariado a no callar ni ocultar los ataques cibernéticos o casos de chantaje digital, advirtiendo que el silencio solo fortalece a las redes delictivas que operan en el país; al tiempo que señaló que cuando las empresas no denuncian, se contribuye al crecimiento de una “industria criminal” en la que los ciberdelincuentes actúan con impunidad.
Reynoso insistió en que la seguridad no se construye con silencio, sino con acciones coordinadas entre los sectores público y privado; además, subrayó que la ética, la transparencia y la confianza se han convertido en activos estratégicos para la supervivencia y el crecimiento de las empresas en la actualidad.
Al encabezar el almuerzo empresarial de la Zona Norte organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Reynoso advirtió que en la era digital la seguridad y la competitividad empresarial son conceptos inseparables.
Durante su ponencia titulada “Competitividad y seguridad: un nuevo paradigma para los negocios”, Reynoso explicó que la frontera entre los mercados y los delitos se ha desvanecido, y que los riesgos empresariales ya no se limitan al ámbito físico, sino también al virtual, donde proliferan el lavado de activos con cripto activos, los ciberataques y los secuestros digitales de datos.
La funcionaria instó al sector privado, las universidades y el Estado a trabajar de manera articulada en la prevención del delito y la promoción de una cultura de cumplimiento y transparencia, al destacar que invertir en seguridad es menos costoso que enfrentar una crisis. También resaltó la importancia de la justicia, la transparencia institucional y la seguridad jurídica como pilares fundamentales para atraer inversiones y promover el desarrollo sostenible.
Por igual, señaló que las empresas deben fortalecer sus procesos de debida diligencia, control interno y protección reputacional, ya que una falla en cualquiera de esos puntos puede comprometer su estabilidad y competitividad. Asimismo, destacó la necesidad de modernizar las capacidades técnicas e investigativas del Ministerio Público frente a los delitos de alta tecnología, que representan una amenaza para la economía y la confianza institucional.