En Haití la ONU ha convocado a una “tragicomedia” electoral que daría risa si no estuviera rodeada de tanta tragedia: elecciones generales de presidente de la República y de un Parlamento que ratifique a un Primer Ministro, el 13 de diciembre del 2026. Sólo la Unión Europea ha sido cautelosa planteando condiciones previas que, desde luego, no existen.
La diplomacia global padece una incurable soberbia conceptual. Con una persistencia digna de mejor causa, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y los despachos de las potencias occidentales insisten en contemplar la tragedia estructural de Haití a través del prisma deformante de la tecnocracia electoral. Una vez más, en medio de un escenario regional infinitamente más adverso y descompuesto que en décadas anteriores, los organismos multilaterales repiten el fatídico dogma de equiparar la colocación de urnas plásticas y la celebración de comicios formales con la existencia de un Estado funcional.
Esta ceguera geopolítica desconoce los postulados más elementales del derecho público y de la ciencia política. Ningún proceso democrático, por más supervisado, financiado o tecnificado que esté por misiones internacionales de escritorio, puede germinar en un territorio donde el Estado ha perdido por completo el monopolio legítimo de la fuerza, donde el control geográfico y social ha migrado de manera absoluta hacia federaciones de bandas armadas —como la temible coalición Viv Ansanm— y donde el registro civil, la cedulación y el tejido ciudadano padecen una precariedad insalvable. Pretender forzar un calendario de votaciones exprés en un país devorado por la anarquía es ignorar que las formas democráticas presuponen la existencia previa de un orden público y de un aparato coactivo capaz de ejecutar la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El fracaso de esta fórmula no es una hipótesis; es una constante histórica corroborada por cuatro décadas de experimentos estériles. Si ya en procesos recientes la participación ciudadana reflejó un desplome abrumador —como ocurrió en las elecciones de 2016, donde con un padrón oficial superior a los 6.1 millones de inscritos la participación apenas rozó el 18.11% y el voto válido se derrumbó por debajo del 17% (llevando a Jovenel Moïse a la presidencia con el respaldo efectivo de menos del 10% del padrón total)—, el escenario actual, con un padrón de apenas 400 mil personas, anticipa una abstención todavía más catastrófica y pronunciada. Hoy, con más de un millón y medio de desplazados internos huyendo de la violencia, un padrón fracturado y la total ausencia de un clima de seguridad pública, la farsa comicial adquiere ribetes de tragedia colectiva, arrastrando por la extensión de la crisis en el tiempo a nuestro país.
Este abismo contrasta dramáticamente con la estabilidad institucional, económica y social de la República Dominicana, donde la democracia electoral opera bajo reglas previsibles, un sistema de partidos consolidado y una participación ciudadana estructurada. Mientras el sistema político haitiano se debate en una hiperfragmentación de más de 300 micropartidos de fachada —de los cuales apenas un reducido grupo menor de 15 organizaciones cuenta con una logística real para intentar una precaria veeduría de un delegado titular y un suplente por mesa en más de 13,000 colegios electorales—, la República Dominicana concentra su vida política de manera estable en un espectro reducido de fuerzas con capacidad orgánica comprobada sobre un territorio en orden; aunque acá también hay exceso de partidos y el presidente y el Congreso Nacional, resultaron elegidos por apenas el 27% del padrón.
La insistencia en tutelar procesos electorales vacíos de contenido real releva a la clase política haitiana de su responsabilidad histórica y transfiere artificialmente una carga insostenible sobre los hombros de sus vecinos, insular y regionales. Mientras los organismos multilaterales se refugian en la coartada estadística, la realidad de la isla impone su ley inexorable: sin el desarme absoluto y por la fuerza de las estructuras criminales, cualquier elección conducirá inevitablemente al mismo callejón sin salida.
Pronosticar el desenlace de esta nueva intentona no requiere dotes de adivinación, sino rigor analítico. El proceso electoral impulsado bajo la presión tecnocrática desembocará en un estrepitoso fracaso político e institucional. Del laboratorio de la ONU surgirá un jefe de Estado desprovisto de legitimidad de origen, con una nula autoridad moral y material, y un Parlamento crónicamente atomizado e infiltrado por el crimen organizado. Ese hipotético gobierno nacerá herido de muerte – por menos de 200 mil votos- completamente maniatado por las bandas armadas que controlan el territorio y divorciado de una población desatendida.
La terca negativa de la diplomacia global a reconocer que el orden precede a la democracia —y que Haití exige hoy una administración fiduciaria temporal y un despliegue militar coercitivo de alta intensidad antes de cualquier coqueteo urnario— solo garantiza la prolongación del sufrimiento haitiano y la perpetuación de una amenaza existencial para la paz de toda la región. La historia juzgará severamente esta reiterada insensatez, que obvia la realidad de que primero es el orden, la construcción del Estado y la economía para generar un entorno de ciudadanos, pues sin eso, no existe democracia.
Sólo espero que la Junta Central Electoral nuestra, con esa inclinación a los viajes y a las observaciones turísticas, no participe en ese fracaso anunciado por los peligros que implica y, desde luego, que no sea “afrentosa” ofreciendo colaboración.