POLÍTICA EN SERIO
Cuando la República Dominicana vivió en el año 1990 su último paro laboral general, su PIB nominal era de unos US$7,100 millones, una baja cifra que durante los siguientes 35 años de paz laboral se elevó a US$127,86 millones.
El dialogo entre trabajadores, empleadores y Gobierno ha sido uno de los activos estratégicos del país para su crecimiento económico durante más de tres décadas, lo cual no es fruto de la casualidad ni significa ausencia de diferencias entre los sectores. Más bien, es el resultado de la construcción de una cultura de diálogo, producto de la madurez de los liderazgos sindical y empresarial y de la disposición a resolver los conflictos mediante acuerdos.
Durante este prolongado período, los indicadores dejan claramente establecido que el país ha experimentado profundas transformaciones económicas, expansión del turismo, crecimiento de las zonas francas, diversificación de las exportaciones y aumento de la inversión extranjera. No se puede hablar con justicia de estos éxitos sin reconocer el aporte de la estabilidad de las relaciones laborales al mantenimiento de la continuidad productiva, al fortalecimiento de la confianza de los inversionistas y a la creación de condiciones favorables para la generación de empleos.
Es pertinente aclarar que el hecho de que hace más de tres décadas que la República Dominicana no registra un paro general no significa que hayan desaparecido las reivindicaciones salariales ni las controversias laborales, sino que los actores sociales han privilegiado el entendimiento y los mecanismos institucionales para defender sus intereses y procurar soluciones.
La mesa de diálogo y el Comité Consultivo de Trabajo, que actualmente se encuentra en sesion permanente conociendo los temas laborales de actualidad, representan espacios fundamentales de esa cultura. Allí se examinan propuestas, se discuten reformas y se buscan respuestas concertadas a los desafíos del mercado laboral
Sin dudad, esta estabilidad también favorece la inversión extranjera. En 2025, el país recibió aproximadamente US$5,032 millones de inversión extranjera directa, un récord histórico. Aunque este resultado responde a múltiples factores económicos e institucionales, la paz laboral contribuye a la previsibilidad que buscan las empresas al decidir dónde establecerse, ampliar operaciones y generar empleos.
Para la inversión son importantes los indicadores internacionales. El Índice Global de Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), referente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), situó al país en la categoría 2, siguiendo a Uruguay a la cabeza del continente americano en cumplimiento de normas laborales.
La paz laboral no significa renuncia a los derechos. Ella se construye mediante el respeto a la ley, la libertad sindical, la negociación colectiva, los salarios mínimos y la protección de la vida y la salud de los trabajadores.
Después de más de cuatro décadas de transformación económica, el país tiene razones para reconocer el valor de su cultura de diálogo y continuar fortaleciéndola como fundamento de inversión, empleo digno, cohesión social y crecimiento sostenible.
El autor es Ministro de Trabajo