Las noticias difundidas sobre el informe final del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití (S/2026/714), reproducidas por comunicadores de redes sociales, comentaristas y políticos, provocaron alarma en nuestra sociedad, quizás por lo leído o escuchado. Al ser un tema especializado, es necesario tener una base conceptual para opinar, por eso resulta penoso oír a miembros de las FF.AA. en situación de buen retiro emitir suposiciones y afirmaciones carentes de objetividad respecto al documento, las cuales respeto, más no comparto.
Sin ánimo de polémicas estériles ni contradicciones politiqueras con nadie, los datos e informaciones estadísticas que sustentan el informe fueron proporcionados por el Estado, a través del Ministerio de Defensa y sus agencias de seguridad. La República Dominicana es signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de la ONU, instrumento internacional que regula el marcaje, registro y control de transferencias de pertrechos y armas, suscrito el 3 de junio de 2013.
Antes de publicarse, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa respondieron a la ONU con documentación oficial sobre procesos de adquisición y órdenes de compra de municiones, incluidas las de 2022; cadena interna de custodia, distribución y control de los pertrechos militares; investigaciones, expedientes y arrestos de los oficiales de la PN y el ERD, así como de civiles dominicanos y haitianos capturados traficando en la frontera.
El meollo del informe radica en tres aspectos sustentados en informaciones, inventarios oficiales y expedientes facilitados por el Estado. Primero, la auditoría de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, del 14 de febrero al 24 de octubre del 2024, comprobó un faltante de 908,001 unidades entre municiones y accesorios: 489,000 municiones calibre 9 mm, 230,000 calibre 5.56 mm, 26,000 calibre 7.62 mm, 93,000 cartuchos para escopetas y 70,001 accesorios, como cargadores de pistolas y fusiles. El Ministerio Público denominó el caso “Operación Pandora” y sus responsables fueron sometidos a la Justicia.
Según el expediente de la Fiscalía, partes de las municiones sustraídas se vendió en el mercado local y otra contrabandeada hacia a Haití. La prohibición de importar armamentos y municiones para uso civil, vigente desde julio del 2026, para frenar la proliferación y contener la delincuencia y violencia social, elevó su costo: una caja de 50 cápsulas calibre 9 mm cuesta de US$15 y US$30 en Estados Unidos, según la marca, y US$120 a US$200 en el mercado local.
Segundo, el cruce de información con la inspección física de balística en Haití identificó 89 casquillos calibre 5.56 mm en poder de la banda 400 Mawozo; 25 tenían marcaje ERD y 16 con características de la PN. Encontrar 25 culotes o base del casquillo marcados con ERD no demuestra que todas las municiones provengan de las FF.AA., como pretenden afirmar ciertas argumentaciones politiqueras, que no sabemos de dónde sacan un millón de municiones. Reconozco que no debiera aparecer una sola y deben realizarse las investigaciones correspondientes.
Por último, el informe señala que las armas y municiones ilegales llegan por lo regular en contenedores provenientes de Florida que entran por Haina en tránsito hacia Haití, camufladas en pacas de ropas, tanques de comestibles y otras mercancías, y por los puertos de Puerto Principe, Lafito, Jacmel y Cabo Haitiano, donde los controles aduanales son inexistentes. Otra parte procede de Colombia, Venezuela y Jamaica, mediantes redes de trasiego de sustancias ilícitas que suministran pertrechos a grupos narcoterroristas para enfrentar bandas rivales y a la débil autoridad policial haitiana.
Los datos que comparto son extraídos del informe de la ONU y del comunicado del Ministerio de Defensa. Observo acciones e interpretaciones orientadas a desacreditar a las fuerzas militares dominicanas, interna y externamente, especialmente promovida por ciertos comunicadores y periodistas haitianos, quienes, aprovechando el ambiente creado por nuestros compatriotas, han propuesto un embargo total de armas para el país, bajo el argumento de que somos un “Estado no confiable” que nutre a las bandas criminales.
Prefiriendo ignorar que el Ministerio de Defensa ha aclarado firmemente que el informe no demuestra un contrabando institucionalizado o autorizado por las Fuerzas Armadas. Expone una investigación transparente y compartida con la ONU para identificar y desmantelar fallos de control y redes criminales individuales que operan en la frontera.
Saque Usted sus propias conclusiones, sin ánimo de polemizar.