Estudiantes que se identifican como simpatizantes del Gobierno del presidente Daniel Ortega celebraron este martes con cantos y bailes que la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista, haya convertido en estatal una universidad privada.
«¡Aunque te duela! ¡Aunque te duela! el comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él», cantaban y bailaban un grupo de estudiantes en el interior de la privada Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que pasó a formar parte de los centros de estudios superiores del Estado, según muestra un video publicado en las redes sociales por ellos mismos.
La Upoli fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.
A petición del Ejecutivo, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas de seis universidades privadas que fueron despojadas de sus personalidades jurídicas la semana pasada, incluida la Upoli.
«Aquí estamos en rectoría, donde tuvimos un montón de reuniones discutiendo y peleando por los estudiantes. Ahora ya no es necesario eso, porque la universidad es pública», dijo Verónica Gutiérrez, integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), ligada al sandinismo.
Algunos estudiantes portaban banderas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante su recorrido por los pasillos de la universidad acompañados de una banda filarmónica que tocaba la canción.
¿ESTATALIZAR O CONFISCACIÓN?
Según el abogado nicaragüense Yader Morazán, que se encuentra en el exilio, la creación de esos tres nuevos centros de educación superior en la misma infraestructura de seis universidades cerradas es un acto de confiscación, figura que está prohibida en la Constitución de Nicaragua.
Argumentó que, según la Carta Magna, las universidades no pueden ser intervenidas y que «sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación, ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales».
Además, según el abogado Morazán, la legislación aprobada contradice la autonomía académica, financiera y administrativa de las universidades.
Las universidades ilegalizadas la semana pasada forman parte de un grupo de 14 centros de estudios superiores a las que el Parlamento de Nicaragua canceló sus personalidades jurídicas por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
También pertenecen a un conglomerado de 87 organizaciones no gubernamentales que han sido ilegalizadas desde las protestas antigubernamentales de 2018, que fueron lideradas por estudiantes, en su mayoría universitarios.
Las masivas manifestaciones antigubernamentales lideradas por los estudiantes en abril de 2018 fueron neutralizadas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los cuales el Gobierno ha admitido 200 y denunciado se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.